Una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por las periodistas Valeria Durán y Vanessa Cisneros, documentó que el organismo federal Alimentación para el Bienestar —creado para sustituir a Segalmex— replicó esquemas de corrupción mediante el uso de empresas fantasma, domicilios falsos, prestanombres y robo de identidad.
El reportaje identifica cinco compañías vinculadas entre sí: Konkistolo, FamilyDuck, Grupo Pelmu, Todólogos.com y Abastémade. Estas empresas recibieron contratos por un total de 1,984 millones de pesos entre 2022 y 2025, principalmente a través de Diconsa, dependencia encargada del abasto rural. Los montos asignados se distribuyeron de la siguiente manera: 135 millones en 2022, 912 millones en 2023, 752 millones en 2024 y 183 millones en lo que va de 2025.
Uno de los casos más representativos es el de Vanessa Flores, una mujer de 49 años residente en la alcaldía Benito Juárez, cuya identidad fue utilizada sin su consentimiento para constituir la empresa Konkistolo SA de CV. Esta compañía obtuvo contratos por más de 256 millones de pesos. Flores, quien vive en condiciones precarias, negó cualquier vínculo con la empresa y desconocía su supuesta participación como accionista y administradora.
La investigación revela que los domicilios fiscales registrados por las empresas resultaron falsos o inexistentes. Entre ellos se encuentran un despacho del Poder Judicial en la colonia Roma, un conjunto habitacional en Tlalpan y una imprenta en Azcapotzalco. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las empresas simulaban competencia entre sí en procesos de contratación, a pesar de compartir vínculos legales y financieros.
Los contratos adjudicados abarcaron productos diversos, desde víveres básicos como arroz y frijol, hasta artículos sin relación directa con programas de abasto, como papelería, juguetes, carbón, mangueras para gasolina y toallas sanitarias. La triangulación de recursos entre Grupo Pelmu y Todólogos.com, así como la coincidencia de representantes legales en varias compañías, refuerzan la hipótesis de una red estructurada para captar recursos públicos sin mecanismos de control efectivos.
El caso plantea interrogantes sobre la supervisión institucional en la transición de Segalmex a Alimentación para el Bienestar, la validación de contratos con empresas sin domicilio real y la garantía de que los recursos destinados al abasto lleguen efectivamente a las comunidades beneficiarias. La continuidad del modelo de corrupción observado en Segalmex pone en entredicho la eficacia de los cambios administrativos implementados en el nuevo organismo.