El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República anunció que no asistirá a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal, como expresión de rechazo a lo que considera una reforma que debilita la independencia judicial y altera el equilibrio entre poderes.
La decisión fue respaldada por la dirigencia nacional del partido, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, así como por los senadores priistas coordinados por Manuel Añorve Baños. En un pronunciamiento conjunto, señalaron que la reforma impulsada por Morena ha derivado en un mecanismo de control político que somete al Poder Judicial a intereses partidistas, anulando los contrapesos institucionales.
Los legisladores argumentaron que el nuevo modelo de integración judicial, lejos de fortalecer la autonomía de jueces y magistrados, concentra decisiones en un solo poder, lo que a su juicio representa un retroceso en la vida democrática del país. En ese sentido, afirmaron que su ausencia en el acto de instalación responde a una postura de congruencia política.
El PRI reiteró su compromiso con la defensa de la división de poderes y la protección de las instituciones del Estado mexicano. En su posicionamiento, advirtió que no avalará reformas que, según su análisis, vulneran las garantías constitucionales y dejan sin protección a quienes se oponen al régimen vigente.
La dirigencia y bancada priista también recordaron que el partido ha sostenido históricamente la importancia de preservar la autonomía judicial como uno de los pilares fundamentales de la República. En ese marco, señalaron que no normalizarán lo que consideran una alteración de las normas que sustentan el sistema democrático.
La ausencia del PRI en la ceremonia de instalación del nuevo Poder Judicial se suma a un contexto de polarización legislativa en torno a los alcances de la reforma judicial, aprobada en 2024 y que entró en vigor este año. El evento, previsto para el 1 de septiembre, marcará la toma de protesta de 881 personas juzgadoras electas por voto popular, en lo que ha sido calificado por otros actores como un proceso de reorganización institucional sin precedentes.