El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una impugnación formal contra el proceso de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, al que calificó como “la mayor simulación en la historia del país”. La acción legal fue presentada como juicio para la protección de los derechos político-electorales (JDC) firmado por ciudadanos, incluidos legisladores y miembros del Comité Nacional.
Durante una rueda de prensa en la sede del INE, Moreno expuso que el proceso estuvo marcado por “irregularidades graves, uso indebido de recursos públicos, campaña anticipada a favor de candidatos oficialistas y coacción del voto”. Aseguró que el objetivo de la impugnación es lograr la nulidad del proceso y generar una reforma estructural al sistema judicial mexicano
Moreno argumentó que los resultados de la elección reflejan una intervención directa del gobierno federal y de actores vinculados a Morena. Señaló que algunos de los candidatos electos “hicieron campaña en mítines de Morena” y que otros “han sido señalados públicamente por tener vínculos con el crimen organizado”.
Acusó también que los llamados «acordeones» —listas impresas con los nombres de los candidatos propuestos por Morena— fueron distribuidos de forma sistemática, en oficinas públicas y entre beneficiarios de programas sociales, lo que calificó como “propaganda encubierta para inducir el voto”.
“El pueblo de México participó con la cifra más baja de su historia, con menos del 12% de votación; no puede hablarse de un proceso legítimo ni válido”, subrayó.
Moreno explicó que el recurso fue presentado como ciudadano para evitar objeciones legales sobre la representación partidaria en procesos judiciales. Indicó que al momento de la entrega contaba con al menos 40 firmas y que el PRI abrirá espacios en sus comités estatales para que más ciudadanos se sumen a la causa.
Adicionalmente, el dirigente priista anunció una estrategia de denuncia internacional que incluye llevar el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias multilaterales. Argumentó que México está en riesgo de incumplir tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Moreno convocó a construir un bloque ciudadano y político amplio para “detener el avance autoritario”. Señaló que si bien el recurso fue presentado como ciudadano, el PRI buscará sumar a otros partidos y organizaciones, incluyendo al PAN y al movimiento Somos México, que también anunciaron impugnaciones.
“No es fácil enfrentar al poder, pero si vamos divididos es más difícil. El PRI está listo para construir un frente político opositor rumbo a las elecciones de 2027”, afirmó.
En respuesta a preguntas de la prensa, Moreno insistió en que la elección judicial busca “blindar a funcionarios de Morena” ante posibles investigaciones por corrupción o vínculos con el crimen organizado. Afirmó que esta estrategia no solo impacta al sistema judicial, sino también a la libertad de expresión y a los medios de comunicación.
Acusó que existe un cerco mediático que limita la visibilidad de la oposición, y condenó actos recientes de intimidación contra periodistas como Héctor de Mauleón.
Sobre política exterior, criticó la falta de resultados en las relaciones con Estados Unidos y Canadá, y advirtió que el mal manejo del T-MEC puede poner en riesgo la estabilidad económica del país. “Este gobierno no tiene estrategia ni capacidad para defender los intereses de México”, aseveró.
Ante la posibilidad de una reforma al Poder Judicial, Moreno dijo que el PRI estaría dispuesto a dialogar si la propuesta parte de una base de experiencia y preparación técnica. “La elección debe anularse, no para repetirla en los mismos términos, sino para construir un nuevo modelo donde se respete el mérito, la carrera judicial y la autonomía de los poderes”, afirmó.
Con el expediente entregado ante el INE, el PRI abre un nuevo frente legal y político con impacto potencial en el escenario electoral rumbo a 2027. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio de poderes, la legitimidad democrática y el papel del crimen organizado en los procesos electorales se intensifica. La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será clave para determinar si este proceso se invalida o se consolida como un nuevo precedente institucional.