En conferencia de prensa realizada en el Senado de la República, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, presentó un punto de acuerdo de urgente resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Federal declarar como organizaciones terroristas al “Cártel de los Soles” y a otros grupos criminales que operan en México. La propuesta se fundamenta en el uso sistemático de la violencia por parte de estas organizaciones, así como en su presunta implicación en actos que comprometen la seguridad nacional y el Estado de derecho.
Acompañado por la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno afirmó que el país enfrenta un esquema de saqueo institucional vinculado al llamado “huachicol fiscal”, que habría generado un daño al erario superior a los 550 mil millones de pesos desde 2018. Según el legislador, este esquema incluye extorsión a más de seis mil estaciones de servicio y la pérdida de 18 mil millones de litros de combustible.
El documento presentado ante la Cámara Alta exhorta al Consejo de Seguridad Nacional a emitir una declaratoria formal que reconozca a estos cárteles como entidades terroristas, en virtud de su capacidad para desestabilizar instituciones, vulnerar la soberanía y poner en riesgo la vida de la población. Moreno sostuvo que los actos denunciados no corresponden a casos aislados de corrupción, sino a una operación sistemática que, según sus declaraciones, se habría orquestado desde la Presidencia de la República.
El dirigente del PRI también señaló que los vínculos entre el crimen organizado y funcionarios públicos deben ser investigados sin restricciones, y que las indagatorias deben alcanzar los niveles más altos del poder. En ese sentido, reiteró que su partido continuará presentando denuncias sobre presuntas relaciones entre integrantes del gobierno federal y organizaciones delictivas.
Durante su intervención, Moreno advirtió que los pactos entre autoridades y grupos criminales representan una amenaza directa a las instituciones democráticas, al sistema judicial y a las libertades ciudadanas. En ese contexto, rechazó cualquier intento de replicar modelos autoritarios en México y aseguró que la defensa de la Constitución será una prioridad para su partido.
La propuesta del PRI se inscribe en un debate legislativo sobre el papel del crimen organizado en la vida pública y la necesidad de fortalecer mecanismos de control institucional. El punto de acuerdo aún debe ser discutido por el Pleno del Senado.