El fin de semana pasado, en una sala cívica que suele recibir a adolescentes infractores, fueron los padres quienes ocuparon el lugar central. El municipio se convirtió en el primero del estado en aplicar sanciones directas a madres, padres y tutores por la falta administrativa de omisión de cuidado, luego de que los adolescentes a su cargo incumplieran las medidas correctivas dictadas por la autoridad y ellos mismos desatendieran las obligaciones establecidas en el Reglamento de Justicia Cívica.
Las audiencias se desarrollaron en un ambiente que combinó formalidad y tensión. Los casos tenían un punto en común: adolescentes que habían cometido infracciones y padres que no acudieron a los talleres, actividades y sesiones de orientación ordenadas por el Juez Cívico. La ausencia reiterada actualizó la falta administrativa y abrió paso a la aplicación de sanciones previstas en la ley.
El reglamento es claro al definir la omisión de cuidado: se configura cuando quienes ejercen la patria potestad o tutela no cumplen con su deber de vigilancia, atención y responsabilidad, o cuando desatienden las determinaciones de la autoridad. Bajo ese marco, el municipio procedió a imponer multas económicas o arrestos administrativos, con la posibilidad de conmutarse por trabajo comunitario. En esta ocasión, los padres optaron por realizar labores en favor de la comunidad para evitar el pago de la multa.
La escena dejó ver un cambio en la dinámica institucional. Durante 2024 y buena parte de 2025, Jesús María había privilegiado la orientación y el acompañamiento familiar, apostando por el cumplimiento voluntario dentro de una estrategia basada en la cultura de la legalidad. El municipio es el único en el estado que opera con este modelo desde 2023. Sin embargo, un porcentaje reducido de casos persistió en el incumplimiento, lo que llevó a la autoridad a agotar primero las vías formativas y, finalmente, ejecutar las sanciones.
El mensaje quedó trazado en cada resolución: la conducta de los adolescentes también implica obligaciones legales para los adultos responsables. La autoridad busca inhibir la reincidencia y reforzar la responsabilidad parental, dejando claro que la omisión de cuidado no será tolerada cuando exista desinterés reiterado en la supervisión de los hijos.
Con estas acciones, Jesús María abre un precedente en el estado y coloca en el centro del debate la corresponsabilidad familiar en los procesos de justicia cívica. El municipio sostiene que el objetivo no es punitivo, sino preventivo, y que las sanciones son el último recurso en un esquema que prioriza la formación y el acompañamiento. El cierre de las audiencias dejó una imagen poco habitual: padres realizando trabajo comunitario como consecuencia de una falta que, por ley, también les corresponde asumir.