Una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), elaborada por Marina Gómez-Robledo, Leonardo Núñez y Ricardo Alvarado, documenta que el fenómeno del nepotismo permanece activo en el Poder Judicial de la Federación, incluso tras la reforma constitucional promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum. El estudio, basado en fuentes públicas y perfiles oficiales, identifica vínculos familiares en los tres órganos centrales del sistema judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Según el análisis de MCCI, el 56% de los nuevos integrantes de la SCJN tienen al menos un familiar en cargos públicos o con contratos gubernamentales. En el TDJ, el porcentaje asciende a 60%, mientras que en la Sala Superior del Tribunal Electoral alcanza el 71%. En total, se identificaron 27 vínculos familiares entre los juzgadores y funcionarios del gobierno, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control institucional.
El caso más documentado es el de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien tiene seis familiares en funciones públicas, incluyendo a su hermano Martí Batres, director general del ISSSTE, y a su cuñada, titular de un fondo social en el gobierno capitalino. Otros perfiles, como los de María Estela Ríos, Arístides Guerrero, Sara Irene Herrerías y Bernardo Bátiz, también presentan vínculos familiares relevantes en distintas dependencias del Estado.
La investigación subraya que la reforma constitucional aprobada en marzo de 2025, que prohíbe que familiares directos se postulen al mismo cargo de elección popular, no aborda las formas más comunes de nepotismo administrativo. Además, la medida entrará en vigor hasta 2030 y excluye cargos no electivos, como los del aparato judicial y administrativo. MCCI advierte que esta limitación permite que continúen prácticas de influencia familiar en el acceso a puestos públicos, sin que exista una regulación efectiva.
El estudio también revisa los vínculos familiares en el Poder Ejecutivo y Legislativo. En el gabinete presidencial, el 30% de los secretarios de Estado tienen familiares en otros cargos públicos. En la Cámara de Diputados, el 38% de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva presentan vínculos similares, mientras que en el Senado el porcentaje es del 43%.
MCCI concluye que el nuevo método de selección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular no ha corregido el problema de fondo. Si bien se ha modificado la forma de acceso a los cargos, los beneficiarios del nepotismo siguen presentes, ahora bajo nuevas estructuras. La organización advierte que el combate al nepotismo requiere medidas integrales, transparencia en los procesos de nombramiento y mecanismos de evaluación que consideren méritos profesionales por encima de relaciones personales.
El informe señala que negar la existencia del nepotismo bajo el argumento de “no somos iguales” genera incentivos para que el fenómeno se mantenga sin control. MCCI propone que sociedad y gobierno establezcan nuevos esquemas de prevención, detección y sanción, para evitar que el aparato estatal continúe siendo capturado por redes familiares y de influencia