En México, la justicia penal enfrenta una crisis silenciosa pero profunda: el 98.8% de los delitos cometidos no son investigados ni resueltos por las autoridades. Esta cifra, revelada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, representa más de 33 millones de delitos que quedan en la impunidad cada año. La investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), bajo la autoría del periodista Héctor Sebastián Arcos Robledo, analiza a fondo esta realidad y sus implicaciones sociales y políticas.
La llamada “cifra negra” —delitos que no se denuncian ni se investigan— alcanzó su punto más alto desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De cada mil delitos, 932 no se denuncian. Y de los que sí se denuncian, apenas ocho llegan a una resolución efectiva, ya sea por recuperación de bienes, reparación del daño, consignación ante un juez o el otorgamiento del perdón. El resto se pierde en el laberinto burocrático de las instituciones de justicia.
Aunque el volumen total de delitos varía entre 27 y 33 millones por año, el número de carpetas de investigación abiertas se mantiene prácticamente constante: entre 6.7% y 7.6%. En 2024, por ejemplo, se cometieron 33.5 millones de delitos, pero solo se abrieron 2.3 millones de carpetas. Esto sugiere que el sistema de procuración de justicia opera con una capacidad fija, sin importar el aumento en la incidencia delictiva.
La investigación también revela que la impunidad se ha incrementado en delitos graves como la violación y el secuestro. En el caso de la violación, la cifra negra pasó de 59.4% en 2019 a 87.5% en 2024. Para el secuestro, el aumento fue de 76% a 80.3% en el mismo periodo. Estos datos reflejan una tendencia preocupante: incluso los delitos que deberían activar de inmediato la intervención del Estado se vuelven menos visibles para el sistema judicial.
Las razones para no denunciar son diversas, pero predominan tres: la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo, la desconfianza en las autoridades y la idea de que el delito es de poca importancia. Por cada 100 potenciales denuncias que no se presentan, 35 se frenan por costos de tiempo percibidos, entre 15 y 20 por desconfianza o trivialización del hecho, y cerca de 10 por falta de pruebas. El sistema pierde más por fricción institucional que por miedo.
Pero incluso cuando se logra abrir una carpeta de investigación, el desenlace suele ser incierto. El 89.7% de las carpetas no concluyen. En 2024, cuatro de cada diez casos terminaron sin resultado y otros dos de cada cinco quedaron “en trámite”. Solo entre 8 y 10 de cada 100 carpetas concluyen con una resolución tangible. Esto revela un cuello de botella estructural que impide que las denuncias se traduzcan en justicia.
La investigación de Héctor Sebastián Arcos Robledo concluye que para romper el ciclo de impunidad es necesario elevar la confianza en las autoridades ministeriales, reducir los tiempos de trámite y garantizar salidas con valor material. Un solo punto porcentual adicional en la conversión de denuncias podría significar cientos de miles de investigaciones más al año. La prioridad no es solo más denuncias, sino más resultados. Y para ello, se requiere un rediseño institucional que coloque a las víctimas en el centro del sistema de justicia.