El Departamento de Justicia presentó dos demandas civiles de decomiso ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dirigidas a más de 15,3 millones de dólares presuntamente utilizados para financiar una red ilícita de distribución de petróleo iraní. De acuerdo con las denuncias, los fondos habrían otorgado influencia sobre la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC), el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y su Fuerza Quds, entidades sujetas a sanciones estadounidenses bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional. Tanto el CGRI como la Fuerza Quds están designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Las demandas señalan que Mohammad Hossein Shamkhani operaba una estructura empresarial conocida como la Red Shamkhani, dedicada a la venta y envío de petróleo y otras materias primas iraníes mediante mecanismos diseñados para evadir sanciones y ocultar el origen de los productos. Los fondos objeto de decomiso habrían sido utilizados para sostener las operaciones de diversas empresas vinculadas a esta red.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Shamkhani en julio de 2025, identificándolo como hijo de Ali Shamkhani, exjefe del Consejo de Defensa Nacional de Irán. Según el Departamento del Tesoro, la red operaba una flota de buques, compañías de gestión marítima y empresas fachada que movían miles de millones de dólares derivados de ventas globales de petróleo iraní y ruso, con compradores frecuentes en China. La OFAC indicó que la red implementaba mecanismos para ocultar sus vínculos con la familia Shamkhani, Irán y Rusia.
Autoridades federales destacaron que las denuncias buscan impedir que estructuras financieras vinculadas a Irán utilicen el sistema bancario estadounidense. La fiscal general Pamela Bondi afirmó que el gobierno mantiene una política de cero tolerancia hacia actores extranjeros que empleen el sistema financiero para apoyar a entidades sancionadas. El fiscal general adjunto Tysen A. Duva señaló que las empresas fachada presuntamente intentaron operar de manera encubierta dentro de instituciones financieras estadounidenses para evadir sanciones y beneficiar a organizaciones designadas como terroristas.
El fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, sostuvo que las medidas de decomiso forman parte de los esfuerzos para desmantelar redes financieras que facilitan operaciones del régimen iraní en el extranjero. La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro añadió que la aplicación de sanciones continuará mediante la incautación de fondos que transiten por el sistema financiero estadounidense.
El FBI, a través del subdirector Roman Rozhavsky, indicó que la agencia seguirá rastreando flujos financieros que puedan comprometer la seguridad nacional. Investigaciones de Seguridad Nacional y la División de Investigación Criminal del IRS coincidieron en que la cooperación interinstitucional es clave para identificar y desarticular redes que buscan eludir sanciones.
Una de las denuncias, correspondiente al caso 26‑cv‑802, detalla que 12.973.529 dólares estaban destinados a Wellbred Capital Pte, Ltd. y su filial Wellbred Trading DMCC, empresas adquiridas y operadas por Shamkhani y sus socios para mantener una imagen corporativa desvinculada de Irán. Documentos internos mostraban la posición de estas compañías dentro de la Red Shamkhani y su función en beneficio de las operaciones financieras asociadas.