El diputado Rodrigo Cervantes presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes con el propósito de establecer mecanismos de protección para docentes, directivos y personal administrativo frente a denuncias infundadas, asedio o amenazas que puedan afectar su estabilidad laboral y su integridad profesional.
Cervantes, junto con las diputadas Alma Hilda Medina y Lucía de León, expuso que la iniciativa surge de una problemática creciente: “la proliferación de denuncias, quejas o señalamientos que, careciendo de sustento probatorio, generan consecuencias inmediatas e irreversibles” para quienes ejercen la docencia.
El legislador advirtió que actualmente “un simple señalamiento basta para separar a un maestro del aula”, y que una acusación sin pruebas puede “manchar una trayectoria construida durante años”. Señaló que esta situación afecta no solo a los docentes, sino también al sistema educativo, pues “cuando se separa a un docente sin pruebas, no se previene un riesgo, se comete una injusticia institucional”.
La iniciativa busca armonizar la protección del interés superior de la niñez con la presunción de inocencia del personal educativo. Propone que los protocolos escolares garanticen que “no debe haber sanción sin investigación previa, no debe haber separación automática del cargo sin sustento probatorio y no debe haber exposición pública sin una resolución firme”.
Cervantes subrayó que la propuesta no pretende limitar la denuncia legítima ni minimizar casos reales de violencia o abuso, sino evitar que el sistema sea utilizado como instrumento de presión o revancha. Señaló que la reforma responde a solicitudes expresas del magisterio, quienes han manifestado haber enfrentado “asedio y señalamientos sin sustento”.
El legislador concluyó que la iniciativa busca restablecer el equilibrio entre la protección de la infancia y los derechos laborales del personal educativo, al afirmar que ambas obligaciones “no son excluyentes, son profundamente complementarias”.