A casi siete años del accidente ocurrido el 6 de diciembre, en el que una pipa explotó y provocó la muerte de una familia que viajaba rumbo a Playa Azul, además de un daño ecológico aún no cuantificado, el caso permanece sin reparación integral y con procesos judiciales detenidos por la aseguradora responsable. La especialista en litigios contra aseguradoras, Rosa Isela, expuso que Qualitas mantiene una estrategia de dilación pese a sentencias firmes que la obligan a cubrir la reparación del daño.
El accidente dejó múltiples víctimas, entre ellas un joven de 26 años que sobrevivió con ceguera permanente tras inhalar ácido nítrico. La abogada explicó que desde marzo de 2025 existen resoluciones en vía mercantil y civil que condenan a la aseguradora, pero la empresa ha interpuesto recursos, incidentes y excepciones para evitar el cumplimiento. “En su dolo y en su proceder de manera fraudulenta han seguido interponiendo todo tipo de instancias”, afirmó.
La especialista señaló directamente al director de Qualitas, Bernardo Ríos Salas, y al presidente del Consejo Ejecutivo, José Antonio Correa Echegaray, a quienes exigió abrir una mesa de negociación. “Que pague por el daño causado”, dijo al recordar que la víctima quedó sin posibilidad de recuperar la vista y que la empresa conoce su responsabilidad.
El abogado Álvaro, acompañante en el litigio, advirtió que la aseguradora ha ofrecido convenios de 300 a 400 mil pesos a víctimas que desconocen el alcance real de la indemnización por responsabilidad civil. Señaló que la empresa, que concentra cerca del 80 por ciento del sector asegurado, se niega a negociar incluso con sentencias en su contra. “No es la primera vez que tenemos un caso así. Tienen seis años sentenciados y no abren una mesa de diálogo”, afirmó.
Ambos especialistas insistieron en que el problema no es solo el daño directo, sino la responsabilidad civil por las afectaciones a múltiples personas. Criticaron que, mientras se discuten reformas menores en materia de seguros, no se atiende la regulación de fondo sobre contratos, fianzas y obligaciones de las aseguradoras. “Esta persona no tiene la culpa del mal mantenimiento de una empresa ni de un transporte”, señalaron.
El caso también mantiene impune al chofer de la unidad involucrada, quien continúa sustraído de la acción de la justicia. Las víctimas han denunciado que, sin presión pública, el expediente corre el riesgo de quedar en el olvido. “Si dejamos que estos asuntos se olviden, van a salir con la suya los delincuentes”, advirtieron.
Los abogados reiteraron que continuarán exigiendo el cumplimiento de las sentencias y alertaron a la ciudadanía sobre las prácticas de la aseguradora. “Si alguien tiene pensado comprar un seguro, piénselo bien”, dijo uno de los representantes legales al subrayar que el caso evidencia la distancia entre la cobertura contratada y la respuesta real ante un siniestro.
El litigio sigue abierto y las víctimas mantienen la exigencia de reparación integral, mientras la aseguradora continúa sin asumir las obligaciones dictadas por los tribunales.