El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, calificó la marcha por la paz realizada en Sinaloa como una expresión contundente del hartazgo social ante la violencia persistente en la entidad. En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente señaló que la situación de inseguridad ha rebasado los límites institucionales y que el gobierno federal permanece inactivo frente a la escalada delictiva.
Moreno afirmó que “cada día corren balas, se derrama sangre y el gobierno sigue cruzado de brazos”, en referencia a los hechos violentos que se han registrado en Sinaloa durante el último año. La movilización ciudadana, que reunió a miles de personas en Culiacán, fue descrita por el senador como “el grito desesperado de un pueblo que ya no puede más”.
Durante su pronunciamiento, el líder del PRI sostuvo que en Sinaloa “no hay seguridad, no hay justicia, no hay quien dé la cara”, y acusó al partido gobernante de intentar “destruir la democracia para perpetuarse en el poder”. En ese contexto, calificó al actual gobierno como “una dictadura disfrazada” y advirtió que el país requiere una reorientación urgente en materia de seguridad y gobernabilidad.
La marcha por la paz, convocada por organizaciones civiles y respaldada por líderes religiosos, incluyó la participación de familias de personas desaparecidas, víctimas de violencia y ciudadanos que exigieron acciones concretas para frenar la inseguridad. El evento se desarrolló en Culiacán, con un recorrido desde La Lomita hasta la Catedral, y contó con la presencia de más de 30 mil asistentes vestidos de blanco.
El pronunciamiento de Moreno se suma a una serie de críticas que distintos actores políticos han dirigido al gobierno federal por su estrategia de seguridad. En el caso de Sinaloa, los señalamientos se han intensificado tras los enfrentamientos entre grupos delictivos y el incremento en los índices de violencia registrados en los últimos meses.
La postura del dirigente priista plantea un escenario de confrontación política en torno a la gestión de la seguridad pública, en un contexto donde las expresiones ciudadanas comienzan a adquirir mayor visibilidad como mecanismo de presión frente a las autoridades.