La sesión del Consejo de Seguridad dejó al descubierto una ruptura profunda entre las potencias al bloquearse una resolución impulsada por países del Golfo que buscaba “alentar” el uso de escoltas armadas en el estrecho de Ormuz y exigir únicamente a Irán el cese de ataques contra infraestructuras civiles. El texto obtuvo 11 votos a favor, dos abstenciones —Pakistán y Colombia— y los votos en contra de China y Rusia, cuyo veto impidió su aprobación. Ambos gobiernos calificaron la iniciativa como “desequilibrada” y “peligrosa” por omitir los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, señalados como detonante del conflicto.
La guerra estalló el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron ataques masivos contra Irán. Teherán respondió golpeando instalaciones en países del Golfo que albergan bases estadounidenses y bloqueando el estrecho de Ormuz, vía por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial. En paralelo a la votación, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos denunció una “avalancha de retórica incendiaria” de todas las partes, incluyendo amenazas del presidente estadounidense de “aniquilar a toda una civilización”. Volker Türk calificó esas declaraciones como “repugnantes” y advirtió que ejecutar tales amenazas equivaldría a cometer “los crímenes internacionales más graves”. La ONU reiteró que la infraestructura civil, incluida la energética, no puede ser atacada bajo ninguna circunstancia si implica daños excesivos a la población.
El proyecto, presentado por Bahréin y copatrocinado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Qatar, mencionaba únicamente los ataques contra infraestructuras en países del Golfo, sin referencia a los daños en territorio iraní. Rusia argumentó que el texto creaba “un precedente peligroso para la ley internacional del mar” y que “presentaba las acciones de Irán como la única fuente de desestabilización”, ignorando “los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní”. Moscú advirtió que la resolución “daba carta blanca para continuar con actos agresivos y una mayor escalada”.
China respaldó el veto y sostuvo que el documento “no captura las causas profundas del conflicto”. Su embajador afirmó que “Estados Unidos e Israel son los instigadores” y que la interrupción de la navegación en Ormuz responde a “acciones militares ilegales” contra Irán. Pekín alertó que la propuesta habría otorgado “una apariencia de legitimidad a operaciones militares no autorizadas” y “una licencia para usar la fuerza”.
Pakistán, que se abstuvo, pidió “moderación, diplomacia y diálogo” y recordó que junto con China presentó una iniciativa de cinco puntos para detener las hostilidades, iniciar conversaciones de paz, proteger a la población civil, restablecer la seguridad marítima y reafirmar la Carta de la ONU como marco para una solución política.
Tras el veto, Bahréin lamentó que el Consejo no aprobara la resolución y advirtió que la falta de acción “envía una señal equivocada al mundo” al permitir que amenazas a las rutas marítimas internacionales permanezcan sin respuesta. Estados Unidos defendió la iniciativa y acusó a Irán de mantener “como rehén” al estrecho de Ormuz y, con ello, a la economía global. Washington sostuvo que la petición de desbloquear la vía marítima “no era descabellada”.
Irán, por su parte, afirmó que el objetivo del proyecto era “encubrir los crímenes de guerra de Israel y Estados Unidos”. Su representante aseguró que Teherán no tiene hostilidad hacia sus vecinos y que sus acciones se dirigen exclusivamente contra “activos estadounidenses en la región”. Sostuvo que la resolución buscaba “castigar a la víctima por defender su soberanía” y otorgar cobertura política y jurídica a nuevos actos ilegales de los agresores. Teherán insistió en que sus medidas son “proporcionadas” y que los buques no vinculados a los países atacantes mantienen su derecho de paso.
Así se configuró un escenario en el que el Consejo de Seguridad quedó paralizado frente a una escalada que combina guerra abierta, bloqueo marítimo, amenazas públicas y acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad del conflicto, mientras la región enfrenta un deterioro acelerado de la seguridad y del orden internacional.