Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por el periodista Iván Alamillo, documenta que, ocho meses después de que el gobierno de Michoacán otorgó un contrato millonario de espionaje a una empresa vinculada a Víctor Manuel Álvarez Puga, el empresario transfirió los derechos de un rancho de lujo en Florida a un ex funcionario cercano al entonces secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza.
De acuerdo con los registros del condado de Palm Beach consultados por MCCI, la propiedad ubicada en 4985 Stables Way, en Wellington, fue adquirida en 2019 por Álvarez Puga mediante la empresa 4985 Stables LLC por 4.9 millones de dólares. En agosto de 2022, esa misma compañía cedió los derechos del inmueble a Raik Holdings Corp., presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, ex director jurídico de la Secretaría de Finanzas durante la administración de Silvano Aureoles.
La transferencia se realizó mediante un quitclaim deed, mecanismo legal que permite ceder derechos sin compraventa y sin generar rastros financieros. Casi dos años después, en junio de 2024, Raik Holdings vendió el rancho en 7 millones de dólares.
MCCI documenta que Rodríguez Pérez ha sido apoderado legal de empresas vinculadas a Maldonado Mendoza desde 2013. Este último fue detenido por Interpol en 2025 y enfrenta proceso por presuntos delitos relacionados con operaciones ilícitas y sobreprecios en la construcción de cuarteles policiales.
Fotografías del rancho publicadas en 2024 muestran baúles marcados con los apellidos “Maldonado” y “Maldonado Lara”, lo que refuerza la conexión entre la propiedad y el círculo cercano del ex secretario de Finanzas.
La investigación de MCCI también detalla que el contrato de espionaje que antecede a la transferencia del rancho fue firmado en febrero de 2017 por Maldonado Mendoza y por Raúl García Palacios, administrador único de Integra Software SA de CV, empresa señalada por el gobierno de Michoacán como vinculada a Álvarez Puga. Aunque el contrato fue presentado públicamente como un servicio de monitoreo de direcciones IP, MCCI comprobó que en realidad se trataba del malware NightHawk, desarrollado por la firma israelí Interionet Systems LTD.
El contrato tuvo una vigencia de 22 meses y comprometió pagos por 34.7 millones de dólares, según los anexos obtenidos por MCCI. La empresa israelí certificó a Integra Software como su representante de ventas ante el gobierno michoacano.
La investigación de MCCI, elaborada por Iván Alamillo, también identifica que García Palacios ha ocupado cargos en diversas sociedades relacionadas con Álvarez Puga, incluida la Fundación Álvarez Puga y empresas del grupo VMAP. Además, Integra Software adquirió el 98% de las acciones de Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SA de CV meses antes de que esta última recibiera contratos federales por casi 3 mil millones de pesos, hoy bajo investigación por presunto desvío de recursos.
MCCI establece otro vínculo relevante: las oficinas de Álvarez Puga & Asociados se encontraban en el piso 35 de la Torre Impulso en Santa Fe, el mismo lugar donde, según una denuncia anónima confirmada por autoridades federales, operó un centro clandestino de espionaje descubierto en 2019. En el piso 37 del mismo edificio se ubicaba la Fundación Inés Gómez Mont Arena, y en ese mismo domicilio Integra Software registró su marca meses antes de firmar el contrato con Michoacán.
La investigación de MCCI concluye que, mientras avanzaban las indagatorias por lavado de dinero y delincuencia organizada, Álvarez Puga intentó obtener asilo en Estados Unidos en 2022 y fue detenido en Florida en 2025 por reingresar de manera irregular al país. Su situación jurídica actual es desconocida.
El trabajo periodístico de Iván Alamillo para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expone una red de relaciones, transferencias inmobiliarias y contratos públicos que conectan a Álvarez Puga con ex funcionarios del gobierno de Silvano Aureoles, así como con operaciones de espionaje que abarcaron desde la Ciudad de México hasta Michoacán.