Después de más de un año de denuncias públicas, gestiones legales y señalamientos por omisiones institucionales, la familia de Oliver Valle Cuadras confirmó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán reabrió la carpeta de investigación por la desaparición y asesinato del joven, ocurridos en circunstancias aún no esclarecidas. La decisión se da tras una serie de exigencias encabezadas por su madre, Elena Laura Valle Cuadras, quien denunció bloqueos administrativos, falta de seguimiento judicial y trato desigual por parte de las autoridades.
En declaraciones previas, Valle Cuadras había expuesto que, pese a contar con pruebas directas contra Eva María —presunta responsable del crimen—, la carpeta permanecía en el área de desaparecidos sin ser trasladada a la unidad de homicidios. Esta omisión, según explicó, impedía el inicio de un proceso penal formal. La madre también reveló que en junio del año anterior fue informada por personal de la Fiscalía que las pruebas serían devueltas a la familia de la señalada y que el expediente sería cerrado, lo que le provocó una crisis emocional que la alejó temporalmente de las gestiones legales.
Durante ese periodo, no recibió nuevas convocatorias ni actualizaciones del caso. Señaló que el área donde labora el licenciado Joel obstaculizó el acceso a la justicia y que, bajo la gestión del entonces fiscal Adrián, se emitieron órdenes que no fueron acatadas. Expresó su esperanza de que el actual fiscal, Carlos Torres Piña, ordene el traslado del expediente a la unidad correspondiente.
La madre también detalló que Oliver padecía esclerosis múltiple recurrente, lo que limitaba su capacidad de defensa ante una agresión. Afirmó que Eva María conocía esta condición y que, dos años y medio antes de su muerte, su hijo le había prestado 100 mil pesos para repatriar el cuerpo de su hermano fallecido en Estados Unidos. La última vez que lo vio con vida fue en la cita pactada para el reembolso.
Valle Cuadras indicó que su hijo compartió su ubicación mediante una aplicación móvil, lo que permitió identificar el sitio de su desaparición. Sin embargo, al acudir a la Fiscalía, se le informó que debía esperar 72 horas para reportar el hecho por tratarse de un hombre, mientras que en casos de mujeres el plazo es de 24 horas. Esta diferencia fue interpretada como un trato desigual.
También denunció que, pese al hallazgo de restos humanos en el predio vinculado al caso, este fue devuelto a la familia de Eva María pocos días después. Señaló que en otros casos, propiedades quedan incautadas por delitos menores, lo que contrasta con la decisión tomada. Afirmó que existe una orden de aprehensión, pero desconoce si ha sido ejecutada.
La familia anunció que impulsará una iniciativa de ley con el nombre de Oliver, orientada a la prevención de riesgos entre jóvenes, y convocó a una movilización pacífica en su memoria. Reiteró que el objetivo no es la venganza, sino el acceso a la justicia, y pidió el respaldo de medios de comunicación, familiares y sociedad civil para exigir que las autoridades cumplan con su responsabilidad.