La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos asuntos de alto impacto institucional que fortalecen la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial y telecomunicaciones. En sesión de Pleno, el Máximo Tribunal confirmó la validez de disposiciones legales que regulan la caducidad de marcas y la obligación de compartir infraestructura entre concesionarios del sector telecomunicaciones.
Marcas activas y protección al consumidor
En el Amparo Directo en Revisión 2522/2025, la SCJN ratificó la constitucionalidad de los artículos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que establecen los supuestos y procedimientos para declarar la caducidad de una marca. El Pleno sostuvo que dichas reglas permiten a titulares y autoridades conocer con claridad los criterios aplicables para conservar o perder un registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
La resolución busca garantizar que las marcas activas correspondan efectivamente a productos o servicios disponibles en el mercado, evitando registros que no reflejen actividad comercial real. Con ello, se refuerza la confianza en el sistema de protección de la propiedad industrial y se protege a las personas consumidoras frente a posibles prácticas engañosas.
Infraestructura compartida y mejora en telecomunicaciones
En otro fallo, la SCJN respaldó la regulación emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al confirmar que los concesionarios están obligados a compartir su infraestructura con otras empresas del sector.
La Corte consideró que esta obligación no vulnera el derecho de propiedad, sino que responde al interés social al facilitar el acceso a servicios de telecomunicaciones en condiciones más equitativas. La medida busca ampliar la cobertura, reducir costos para los usuarios y fomentar la competencia en el mercado.
Ambas resoluciones consolidan el papel del Poder Judicial como garante de la legalidad y del equilibrio entre derechos individuales y objetivos colectivos, en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país.