Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por el periodista Eduardo Buendía, documenta la expropiación de tres predios vinculados al exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, ubicados en el fraccionamiento Lomas del Castillo, en Campeche. La acción fue oficializada por el gobierno estatal el 30 de septiembre de 2025, con el propósito de edificar la Universidad de la Salud de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Los terrenos expropiados suman 67,843 metros cuadrados y pertenecen a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del exmandatario, y a Juan José Salazar Ferrer, su arquitecto de cabecera. De acuerdo con el Diario Oficial del Estado, el dictamen jurídico que justificó la causa de utilidad pública fue emitido el 26 de septiembre. Las propiedades se encuentran a escasos metros de una mansión valuada en más de 300 millones de pesos, que fue cateada por la Fiscalía de Campeche en junio de 2022.
El predio retirado a Cárdenas Montero fue adquirido originalmente por Moreno Cárdenas en 2015 y transferido a su madre en 2017, como parte de un conjunto de cinco propiedades. Una de ellas, el “Polígono I Desmembrado del predio denominado Miramar”, fue objeto de investigaciones judiciales en 2019 por parte de la Fiscalía General de la República.
La zona expropiada incluye instalaciones como cancha techada de pádel, campo de golf con iluminación, jardín para eventos sociales, trotapista y calles pavimentadas. La barda perimetral de mampostería de piedra está valuada en cinco millones de pesos.
Según datos recabados por MCCI, la madre, el hermano y el arquitecto de Moreno Cárdenas concentran 43 propiedades en Campeche, de las cuales 22 se encuentran dentro del fraccionamiento Lomas del Castillo. En total, poseen casi una cuarta parte de los 104 lotes que conforman el desarrollo inmobiliario.
La investigación también señala que el 29 de julio de 2025, la Fiscalía de Campeche solicitó ante la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno por cuatro carpetas de investigación que lo vinculan con presunto uso indebido de atribuciones y peculado por un monto de 83.5 millones de pesos. En el mismo expediente, 17 exfuncionarios de su administración ya han sido vinculados a proceso.
Los presuntos desvíos incluyen contratos sin respaldo documental y la adquisición de una plaza comercial que habría beneficiado a un empresario cercano al exgobernador, quien también le habría prestado servicios de publicidad a través de la televisora local Mayavisión. La investigación completa puede consultarse en el sitio oficial de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.