Durante una sesión en el Senado de la República, el Dr. Román Lazcano Fernández, vicepresidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y coordinador del Foro de Constitucionalistas de México, expuso una postura crítica frente a la reforma propuesta en materia de la Ley de Amparo. En su intervención, el jurista cuestionó si dicha reforma fortalece la democracia o abre la puerta al autoritarismo.
Lazcano Fernández evocó los antecedentes históricos del juicio de amparo, citando a Mariano Otero y Crescencio Rejón como sus fundadores, y subrayó que este mecanismo fue concebido para proteger a los ciudadanos frente a actos de autoridad. Según su análisis, la redacción actual de la reforma presenta ambigüedades y establece requisitos más estrictos para conceder medidas cautelares, lo que podría limitar el acceso efectivo a la justicia.
El expositor negó que exista abuso del juicio de amparo y, en cambio, señaló que lo que se ha documentado es el abuso por parte de autoridades federales, estatales y municipales en el incumplimiento de la ley, especialmente en perjuicio de sectores vulnerables. Alertó que la reforma podría restringir el derecho de defensa de minorías, pueblos originarios y menores afectados por obras gubernamentales que impactan el medio ambiente, lo que pondría en riesgo principios constitucionales como el de prevención y precaución.
También advirtió que la reforma podría vulnerar el principio de presunción de inocencia al permitir señalamientos contra empresarios y contribuyentes sin garantías suficientes, y limitar la facultad de jueces para conceder suspensiones frente a la prisión preventiva oficiosa. Esto, dijo, contraviene artículos fundamentales de la Constitución como el 1º, 16, 17 y 133, así como estándares internacionales que prohíben la privación de libertad sin sentencia.
Lazcano Fernández comparó el contenido de la reforma con la ley habilitante de Karl Schmidt, utilizada para consolidar regímenes autoritarios en el siglo XX. Señaló que, aunque el riesgo no se materializa de inmediato, una eventual administración futura podría utilizar esta legislación para suprimir derechos humanos mediante la eliminación de suspensiones judiciales.
Finalmente, cuestionó la congruencia de movimientos políticos que en sus estatutos defienden a los pueblos originarios y la legalidad, pero que promueven reformas que, según su análisis, contradicen esos principios. Llamó a colegios, asociaciones y ciudadanía a revisar críticamente el contenido de la reforma, y exhortó al Senado a decidir si será recordado como defensor de la Constitución o como facilitador de un retroceso democrático.