La Cámara de Diputados abrió un nuevo capítulo en el debate sobre responsabilidad pública con la presentación de la iniciativa del diputado Javier Vázquez Calixto, del Partido del Trabajo, quien planteó reformar los artículos 109 y 114 de la Constitución para que los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos o representantes populares sean imprescriptibles y perseguidos de oficio.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y se presentó en una sesión marcada por el énfasis del legislador en cerrar espacios a la impunidad. Desde tribuna, Vázquez Calixto sostuvo que la reforma busca impedir que el paso del tiempo opere como un mecanismo de protección para quienes incurren en conductas que afectan el patrimonio público. “Garantizar que el tiempo deje de ser un aliado de la impunidad y se convierta en un instrumento de justicia permanente en favor de la sociedad”, afirmó.
El planteamiento establece que delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, peculado y enriquecimiento ilícito no prescribirán cuando sean cometidos por servidores públicos o representantes populares en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. La medida también alcanzaría a personas que, sin ser servidores públicos, tengan bajo su responsabilidad la custodia, administración o aplicación de recursos públicos.
Durante la exposición de motivos, el diputado argumentó que la prescripción, concebida originalmente como una garantía de seguridad jurídica, se ha convertido en un obstáculo para la justicia en casos que involucran recursos públicos y afectan el interés colectivo. Señaló que los delitos de peculado, desviación de recursos, enriquecimiento y ejercicio ilícitos del servicio público generan daño patrimonial y alimentan la desconfianza ciudadana en las instituciones.
Vázquez Calixto subrayó que su iniciativa se alinea con instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano a adoptar medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. Aseguró que la reforma permitiría establecer un nuevo estándar de responsabilidad en el ejercicio del servicio público y fortalecería el Estado de derecho al eliminar márgenes de impunidad.
El legislador cerró su intervención destacando que la eliminación de la prescripción refuerza la idea de que el ejercicio del poder público implica una obligación continua frente a la sociedad. “Cada peso protegido de los delitos por hechos de corrupción se traduce en infraestructura, servicios y oportunidades para la población”, concluyó, en un mensaje que buscó subrayar el impacto social de la iniciativa.
La discusión continuará en comisiones, donde se evaluará el alcance constitucional de la propuesta y su viabilidad dentro del marco jurídico vigente. Como en otras reformas vinculadas al combate a la corrupción, el debate legislativo anticipa tensiones entre la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y las implicaciones legales de modificar los plazos de prescripción.