El diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera no detectó el ingreso de más de 6 mil 800 millones de pesos en remesas provenientes de países sin presencia significativa de población mexicana, lo que, afirmó, descarta que se trate de envíos familiares y apunta a operaciones de otra naturaleza. En conferencia de prensa, explicó que un análisis de registros del Banco de México y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior entre 2018 y 2024 revela movimientos que no corresponden con patrones demográficos ni financieros, lo que podría indicar esquemas de lavado de dinero.
Döring ejemplificó con casos como Afganistán, desde donde se registró una remesa superior al millón de dólares; Sudán, con más de 125 mil dólares; la República del Congo, con más de 114 mil dólares; y Nicaragua, donde desde 2022 se reportaron 372 envíos con promedios de 250 mil dólares cada uno. Señaló que estas cifras contrastan con el promedio anual de remesas enviadas desde Estados Unidos por trabajadores mexicanos, que ronda los 4 mil 584 dólares.
El diputado migrante Raúl Torres Guerrero añadió que resulta llamativo que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni la Secretaría de Hacienda, ni la UIF hayan detectado estos movimientos, especialmente después de que se prohibiera al Banco del Bienestar operar remesas desde Estados Unidos. Recordó reportajes que vinculan ciertos envíos con actividades del crimen organizado y afirmó que hasta 10 por ciento de las operaciones podrían estar relacionadas con lavado de dinero procedente del tráfico de fentanilo.
Torres sostuvo que depurar el sistema de remesas es indispensable para evitar que organizaciones criminales utilicen estos flujos y para impedir que se generen presiones externas, como intentos de imponer impuestos en Estados Unidos a los envíos legítimos de migrantes. Afirmó que el gobierno debe investigar y dejar de proteger a actores vinculados con intereses electorales.
Con estas declaraciones, los legisladores del PAN exigieron una revisión exhaustiva de los registros financieros y la apertura de investigaciones formales sobre los movimientos detectados, al considerar que las anomalías representan un riesgo para la integridad del sistema financiero y para la comunidad migrante que envía remesas reales al país.
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