En una intervención contundente durante la discusión legislativa sobre la nueva Ley Aduanera, el diputado federal Jericó Abramo Masso lanzó una advertencia que sacudió el recinto: el huachicol fiscal representa una defraudación de casi 600 mil millones de pesos en los últimos cinco años, equivalente a 170 mil millones de pesos anuales. “Tan solo Banamex, que está en venta, cuesta 160 mil millones de pesos. Eso es lo que se defrauda cada año”, comparó el legislador, al señalar que detrás de este saqueo están empresarios de cuello blanco, políticos y redes del crimen organizado que dañan gravemente la Hacienda Pública.
Abramo Masso criticó duramente el dictamen impulsado por Morena, al considerar que contradice las recomendaciones del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Aduanas, que promueven la agilización del despacho de mercancías, la confianza en el contribuyente y la transparencia en los trámites. “Con esta reforma se daña la proporcionalidad, se entorpece el comercio y se imponen inspecciones sin regulación ni plazos definidos”, afirmó.
Uno de los puntos más polémicos señalados por el legislador fue la falta de profesionalización de los funcionarios públicos encargados de las aduanas. Mientras los agentes aduanales deben someterse a rigurosos procesos de certificación para obtener una patente, no existe un requisito legal equiparable para quienes dirigen las aduanas desde el aparato gubernamental. “Esto pone en riesgo la competitividad del país y ralentiza el intercambio comercial, justo cuando estamos por iniciar la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y México”, advirtió.
En su exposición, Abramo también cuestionó el impacto de la reforma sobre la inversión extranjera. Aunque México registró una cifra récord de 35 mil millones de dólares en inversión durante el último año, sólo el 10 por ciento correspondió a nuevas inversiones. “Eso significa que el comercio de las empresas ya instaladas está en riesgo. Se les está dejando toda la carga a los privados”, denunció.
El diputado alertó sobre las medidas cautelares y sanciones desproporcionadas que contempla la nueva ley, como embargos precautorios con incrementos de hasta el 300 por ciento. “Pareciera que la intención no es corregir, sino confiscar. Y lo más grave: no hay defensa efectiva ni resarcimiento por parte del gobierno cuando se demuestra que el comerciante tenía razón”, explicó.
Para ilustrar el impacto práctico de la reforma, Abramo presentó un ejemplo concreto: una empresa que importa platos desde Estados Unidos a un precio de 100 pesos. Si el proveedor nacional, por volumen de compra, adquiere los mismos platos a 70 pesos y así lo declara en el pedimento aduanal, la nueva norma permite a la autoridad descartar el valor de transacción, lo que pone en riesgo el libre comercio basado en economías de escala.
“Vamos a afectar la balanza comercial del país y a burocratizar aún más las exportaciones e importaciones”, concluyó el legislador, al anunciar que su voto será en contra del dictamen. “No se escuchó a los expertos en prácticas aduaneras ni a los especialistas en comercio internacional. Esta reforma no moderniza, castiga.” Así, el debate sobre la nueva Ley Aduanera se intensifica, con voces que exigen transparencia, eficiencia y verdadera rendición de cuentas en el sistema aduanal mexicano.