A más de cinco años del feminicidio de Esli Viridiana, familiares, activistas y organizaciones civiles dirigieron un nuevo exhorto al Poder Judicial del Estado de Michoacán, demandando que el proceso judicial se conduzca conforme a los principios establecidos en tratados internacionales y leyes nacionales que garantizan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
El caso, ocurrido el 6 de enero de 2020, involucra a Isaac N., entonces director del Hospital General de Maravatío, como presunto responsable del feminicidio. Desde entonces han transcurrido 2,045 días, en los que el proceso ha estado marcado por múltiples incidencias y señalamientos de revictimización.
El pronunciamiento público cita la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estos instrumentos establecen que las mujeres tienen derecho a un proceso judicial sin dilaciones, con enfoque de género, y libre de prácticas discriminatorias.
El llamado se dirige a jueces y magistrados para que actúen conforme a los principios de legalidad, equidad y responsabilidad institucional, y que el caso se convierta en un precedente de que ningún funcionario público está exento de rendir cuentas ante la ley cuando se ejerce violencia contra mujeres.
Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a no ignorar los casos en los que la violencia de género se vincula con figuras públicas, señalando que la impunidad en estos contextos representa un riesgo estructural para los derechos de mujeres y niñas.
La exigencia se enmarca en la campaña #JusticiaParaEsli, que busca visibilizar el caso y presionar por una resolución judicial que cumpla con los estándares nacionales e internacionales de justicia con perspectiva de género.