La elección del próximo 1º de junio marcará un parteaguas en la historia judicial de México. Por primera vez, la ciudadanía será llamada a votar directamente por magistraturas y jueces en todos los niveles del Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, lejos de representar un avance democrático indiscutible, la inédita jornada ha encendido alarmas entre actores nacionales e internacionales que advierten una amenaza directa a la independencia de los jueces y al equilibrio de poderes.
La voz de alerta ha sido recogida por el boletín Observatorio no. 137, editado por la revista católica Desde la Fe, órgano de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, el cual dedica su editorial a examinar las implicaciones de este proceso. La publicación critica que, bajo el pretexto de una participación ciudadana ampliada, se esté configurando un modelo que limita la libertad de expresión, la deliberación pública y, sobre todo, la autonomía judicial.
Una campaña sin voces
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto restricciones tajantes: ninguna candidatura puede hacer campaña. Ni los medios, ni las iglesias, ni asociaciones civiles pueden promover o difundir posturas de aspirantes, incluso cuando se trate de ejercicios informativos. Esta prohibición incluye también a los propios candidatos, quienes no podrán dirigirse al electorado más allá de sus fichas públicas.
Ante esta mordaza institucional, Desde la Fe intentó convocar a los aspirantes a la Suprema Corte a presentar videos breves con sus posturas sobre derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida. La iniciativa fue bloqueada por el INE. “Esta resolución ha suscitado muchos cuestionamientos sobre nuestra libertad de expresión que tendrán que ser discutidos en las próximas semanas”, apunta el editorial.
Denuncia internacional y sombras oficiales
La jueza Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces Federales (JUFED), llevó el tema ante la ONU, donde declaró que este proceso, lejos de fortalecer la democracia, consolida un régimen autoritario. Asegura que la “purga de juzgadores independientes” anula el único contrapeso real frente al Ejecutivo y al Congreso.
La preocupación no es menor: los perfiles incluidos en las boletas tienen, según diversas organizaciones civiles, una preocupante cercanía con el oficialismo, y muy pocos compromisos visibles con la defensa de una justicia autónoma.
A esto se suma la creación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, entes con poder amplio y sin elección directa, que pueden terminar concentrando aún más poder sin contrapesos reales.
Justicia sin justicia
La paradoja es brutal: se votará por jueces, pero no se podrá conocerlos. Se elige por la vía del sufragio popular, pero sin debate ni contraste de ideas. Se promete democratización, pero se acusa persecución y silencio. El riesgo, como sugiere el Observatorio, es que esta elección se convierta en el acta de defunción de una justicia imparcial y autónoma en México.
¿Y la ciudadanía?
A menos de dos meses de la jornada, el ciudadano común apenas empieza a enterarse de que deberá votar por jueces, un tipo de elección que exige niveles de información y reflexión poco habituales. Pero los canales para ejercer ese derecho con conciencia están bloqueados.
En palabras del semanario: “Es indispensable que el electorado conozca la trayectoria y la forma de pensar de las candidaturas que serán sometidas a votación, particularmente para la Suprema Corte”.
La pregunta que flota, incómoda pero urgente, es si estamos ante un ejercicio democrático genuino o frente a una puesta en escena donde el ciudadano, en vez de empoderarse, es convertido en espectador de una justicia ya decidida tras bambalinas.