En una sesión extraordinaria marcada por el desacuerdo y la denuncia, el Grupo Parlamentario del PRI anunció su voto en contra de la reforma a la Ley de Aduanas, acusando al oficialismo de encubrir la corrupción institucionalizada y de consolidar el control militar en las fronteras bajo el pretexto de modernización. Coordinados por Rubén Moreira Valdés, los diputados Jericó Abramo Masso, Emilio Suárez Licona y Christian Castro Bello expusieron los motivos de su rechazo, señalando que la iniciativa no responde a los estándares internacionales de eficiencia aduanera, sino a una lógica recaudatoria y de concentración de poder.
Durante la reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Jericó Abramo denunció que el dictamen no ataca el núcleo del problema: la corrupción que permea las aduanas mexicanas. Afirmó que bajo el esquema actual se ha permitido la importación ilegal de gasolina disfrazada como aceites o derivados del petróleo, mediante el mecanismo conocido como huachicol fiscal, que ha costado al país más de 600 mil millones de pesos en siete años. “Se pretende cargar toda la responsabilidad al agente aduanal, mientras se exime a los funcionarios públicos, quienes son parte central del esquema de corrupción que afecta la entrada y salida de vehículos, combustibles, medicinas y alimentos por nuestras fronteras”, advirtió.
Abramo subrayó que la reforma contradice las recomendaciones del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Aduanas, que promueven la simplificación de trámites, la confianza en el contribuyente y la transparencia como pilares para mejorar el comercio internacional. En cambio, dijo, el dictamen endurece las obligaciones fiscales y patrimoniales de los agentes aduanales, tratándolos como servidores públicos sin otorgarles garantías jurídicas, lo que vulnera su autonomía y genera inseguridad operativa.
Emilio Suárez Licona reforzó esta postura al señalar que la reforma impone multas de hasta 300 por ciento del valor de la mercancía, violando el principio de proporcionalidad y afectando directamente la logística y los precios de los bienes. Además, criticó que se concentre más poder en Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas y la Agencia de Transformación Digital, sin mecanismos claros de evaluación ni resultados tangibles en materia de seguridad o eficiencia.
Por su parte, Christian Castro Bello alertó sobre la permanencia del control militar en las aduanas, sin marco legal ni auditorías independientes. “Esta opacidad vulnera principios fundamentales de legalidad y de rendición de cuentas. Lo más grave es que esta reforma se presenta como modernización, pero en realidad responde a una lógica recaudatoria”, sostuvo. El legislador por Campeche llamó a construir una reforma que fortalezca la legalidad, la competitividad y la confianza, en lugar de penalizar y fracturar el ecosistema exportador.
Ante este panorama, el PRI propuso una alternativa legislativa: una Ley Aduanera moderna, eficiente y transparente, que combata la corrupción y fortalezca la competitividad del país, tomando como referencia modelos europeos que han demostrado eficacia en la gestión aduanera. El debate continúa, pero la fractura entre las bancadas ya marca un nuevo capítulo en la disputa por el control y la legalidad en las fronteras mexicanas.