En medio del proceso para elegir a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, subrayó que el nombramiento debe garantizar certeza, transparencia y plena legitimidad democrática. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora sostuvo que quienes resulten electos no pueden estar marcados por la duda ni la desconfianza, dado que ocuparán cargos de Estado que representan a toda la ciudadanía.
López Rabadán cuestionó que perfiles con amplia trayectoria en materia electoral —como magistrados, presidentas de tribunales y consejeros con décadas de experiencia— hayan quedado fuera de la siguiente etapa del proceso. Señaló que más allá de diferencias ideológicas, es indispensable explicar públicamente por qué se tomaron esas decisiones y asegurar que el país conozca los criterios aplicados.
En otro tema, la diputada presidenta reiteró que la Cámara de Diputados tiene facultades constitucionales de control que debe ejercer, al ser consultada sobre la posible comparecencia de los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Afirmó que es necesario esclarecer lo ocurrido en Dos Bocas, en Deer Park y en el reciente incidente en el Golfo de México que provocó contaminación marina.
López Rabadán enfatizó que solicitar la presencia de funcionarios no implica politizar los hechos, sino cumplir con la responsabilidad institucional del Congreso. Recordó que la Cámara fue electa para deliberar, supervisar y, cuando sea necesario, llamar a cuentas a los servidores públicos.
“Ser institucional significa defender las facultades del Congreso”, afirmó, al insistir en que la neutralidad se demuestra ejerciendo las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo. Con ello, la presidenta de la Mesa Directiva cerró su posicionamiento, reiterando que la Cámara debe servir a la ciudadanía y garantizar procesos transparentes tanto en la elección de consejeros electorales como en la supervisión del gobierno federal.