Por el Ensayista de San Nicolás
Los números ya no se prestan al eufemismo. En el SPUM (Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana), con 35 de 44 dependencias académicas ya contabilizadas, el mensaje es frontal: 708 votos por huelga (55.14%) contra 550 por prórroga (43.85%), sobre 1,248 votos emitidos, con una ventaja de 11.29 puntos para el estallamiento. Esa mayoría no es una travesura sindical ni una “lectura parcial”: es el termómetro de una comunidad académica que percibe cerrazón, desgaste y un deterioro acelerado de la confianza en la conducción del conflicto.
Sin embargo, ante la contundencia de los números, ha comenzado a circular una tesis que intenta diluir la voluntad expresada por la base sindical: que para estallar una huelga se requeriría una “mayoría calificada” de la totalidad de los integrantes del SPUM.
Si esa interpretación llegara a sostenerse, no solo sería políticamente imprudente; sería jurídicamente insostenible.
El SPUM es el sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo y, conforme a la Ley Federal del Trabajo, es el sujeto legitimado para ejercer las acciones colectivas necesarias para su defensa, incluida la huelga. La titularidad contractual no es una figura declarativa: implica facultad jurídica y responsabilidad de actuación cuando los derechos colectivos se ven comprometidos.
El principio de libertad sindical —consagrado en el artículo 123 constitucional, en la Ley Federal del Trabajo y en los Convenios 87 y 98 de la OIT— protege el derecho de las organizaciones a decidir libremente su actuación interna y sus mecanismos de decisión. Introducir requisitos no previstos en el Estatuto equivale a intervenir en esa autonomía y a restringir indebidamente un derecho colectivo fundamental.
El propio Estatuto del SPUM establece con claridad los quórums y mayorías para sesionar y adoptar acuerdos: quórum ordinario del 51 % de los miembros con plenos derechos sindicales y decisiones por mayoría simple de los asistentes, salvo disposición expresa en contrario. En ningún apartado se exige una “mayoría calificada” de la totalidad de los integrantes para ejercer el derecho de huelga.
Pretender incorporar esa exigencia ex post facto no sería una interpretación jurídica; sería una restricción discrecional de un derecho colectivo fundamental. Y la huelga no es una decisión personal del Comité Ejecutivo: es una determinación que emana de la asamblea, órgano supremo del sindicato. Sustituir esa voluntad válidamente expresada sería desconocer la democracia sindical.
Si la base ha decidido conforme a sus reglas, el mandato es obligatorio. La legitimidad sindical no se negocia ni se interpreta según conveniencia coyuntural: se respeta conforme a las normas que el propio sindicato se ha dado.
La crisis no se explica solo por el voto; se explica por el estilo de mando. En las mesas de diálogo, la ausencia de la Rectora Dra. Yarabí Ávila González se ha convertido en símbolo de un rectorado que administra el conflicto desde la distancia. Se envía al Abogado General a decir “no se puede” o a sostener que “no se pagará con recurso actual” lo que —según esa narrativa— correspondería a adeudos heredados. Esa lógica pretende blindaje técnico, pero exhibe vacío político: una rectoría que renuncia a negociar en serio y que confunde gobernar con negar. En una universidad pública, la negociación colectiva no es un favor: es un derecho legítimo y una obligación institucional. Cuando se bloquea, la huelga deja de ser amenaza y se vuelve consecuencia.
Y cuando el discurso se vuelve excusa, la realidad termina cobrando por la vía más dolorosa: la humana. Porque el “no se puede” no cae sobre una hoja de Excel, sino sobre personas. Prestaciones pendientes y obligaciones laborales impactan, entre otros, a viudas y viudos de trabajadores académicos que sostuvieron a la Universidad durante décadas. Convertir la continuidad institucional en un pretexto equivale a decir, con otras palabras, que la Universidad solo asume la historia cuando sirve para los discursos, pero la evade cuando implica cumplir.
A ese cuadro se suma un elemento corrosivo: el clima interno. Las comunidades académicas han reaccionado al miedo y sometimiento que han exhibido, en distintos momentos, directores y consejeros universitarios, como si la deliberación se hubiera vuelto peligrosa y la crítica, un pecado administrativo. Esa política —la del control por temor— nunca construye gobernabilidad: la aplaza. Acumula presión. Desmoraliza. Y, tarde o temprano, produce lo inevitable: un voto de castigo que rompe el silencio. El dato del SPUM no solo mide preferencias; mide la derrota de la intimidación como método de gobierno.
Pero la señal más severa para cualquier rectorado es cuando el descontento deja de ser sectorial y se vuelve transversal. Y eso ya está ocurriendo. El SUEUM mantiene dos emplazamientos a huelga vigentes para el 20 de abril, lo que confirma que el malestar no es únicamente del profesorado, sino que alcanza al personal administrativo. Cuando dos sindicatos distintos sostienen presión máxima —uno mediante votación mayoritaria hacia la huelga y otro con emplazamientos activos avalados de forma unánime por su asamblea de representantes— el problema ya no puede reducirse a “inconformidades aisladas”. Es una crisis de conducción.
Y entonces aparece la contradicción que indigna: mientras se argumenta austeridad para negar prestaciones y se desoye la negociación colectiva, la comunidad observa gastos y prioridades que percibe como excesos: proyección de imagen, obras de alto impacto mediático, “pasarelas” políticas que pretenden sustituir resultados. En ese contexto, las observaciones de control financiero terminan de dibujar el cuadro. Medios locales han reportado que la Auditoría Superior de la Federación mantiene revisiones y observaciones por alrededor de 280 millones de pesos a la UMSNH. No es un detalle menor: es el tipo de señal que, en cualquier institución pública, exige explicación exhaustiva, rendición de cuentas y sobriedad real, no propaganda.
Con todo esto sobre la mesa, la campaña permanente de imagen que pregona una “universidad que avanza” se revela como lo que es: maquillaje político. La universidad real —la que vota, la que emplaza, la que padece la incertidumbre laboral y la que observa la ausencia de liderazgo en el diálogo— no coincide con la universidad del eslogan. Y esa contradicción se vuelve insostenible cuando el rectorado entra en su tramo final: a diez meses de su conclusión, el problema ya no es “qué se dice”, sino qué se deja.
Porque al cierre, la historia no contará cuántas fotos se tomaron ni cuántos mensajes optimistas se publicaron. La historia contará si se respetó la negociación colectiva, si se atendió a quienes quedaron en abandono, si se gobernó con diálogo o con miedo, y si la Universidad fue administrada con responsabilidad o con simulación. Hoy, el SPUM y el SUEUM —cada uno a su modo— están diciendo lo mismo: este rectorado ya no convence. Y cuando una administración necesita propaganda para sostenerse, es que en los hechos ya empezó a caer.