La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y, en particular, su Facultad de Derecho, han sido objeto de un asedio cada vez más intenso por parte de egresados, litigantes, jueces, magistrados del Poder Judicial de la Federación e incluso periodistas. Estos grupos, polarizados ante la Reforma Judicial propuesta por el presidente López Obrador, buscan presionar a la Facultad para que adopte una postura pública en contra de la reforma. Esta presión no solo amenaza la independencia académica, sino que pretende secuestrar la autonomía universitaria bajo el argumento de que, como egresados, tienen derecho a exigir una postura política.
Es fundamental subrayar que la UMSNH se rige por principios fundamentales de autonomía universitaria, libertad de pensamiento y pluralidad. La autonomía, en su esencia, protege a la institución de cualquier injerencia política o ideológica externa, permitiendo que el debate académico se desarrolle en un entorno de libertad. Si bien los egresados tienen todo el derecho de manifestar sus opiniones sobre cualquier asunto, es peligroso intentar imponer una postura oficial dentro de una universidad cuyo deber es mantenerse imparcial y comprometida con el análisis riguroso.
El intento de grupos externos de forzar una declaración política no solo va en contra del principio de autonomía universitaria, sino que también representa una contradicción con los valores que la Facultad de Derecho ha defendido durante años: la pluralidad y la libertad de pensamiento. En la Facultad, se promueve el diálogo entre todas las posturas y se da espacio para que las ideas se confronten en un ambiente de respeto y análisis. Este enfoque es vital para la formación de estudiantes con capacidad crítica, capaces de reflexionar sobre los problemas más apremiantes de la sociedad desde una perspectiva fundamentada y sin imposiciones.
Resulta preocupante que el debate sobre la Reforma Judicial se haya transformado en un campo de batalla donde los principios de libertad y pluralidad, que deberían ser el sustento de cualquier discusión académica, se ven amenazados. Es importante recordar que la Universidad, en su carácter autónomo, no debe ceder a las presiones políticas o mediáticas, sino mantenerse fiel a su misión educativa, centrada en el fomento del conocimiento, el análisis profundo y el respeto a la diversidad de ideas.
La Reforma Judicial es un tema de suma importancia para el país, y la Universidad, como institución dedicada al análisis y la enseñanza, debe participar en su discusión desde una posición crítica e independiente. En lugar de inclinarse a favor o en contra de una propuesta concreta, el rol de la Facultad debe ser facilitar el estudio y la investigación que permitan a sus estudiantes y académicos formarse una opinión fundamentada.
Más allá de cualquier reforma, lo que está en juego es la capacidad de la Universidad para preservar su independencia y continuar siendo un espacio donde las ideas se discutan en libertad. Lo que está en juego es su esencia como un espacio plural, donde el conocimiento no está subordinado a las modas políticas ni a las presiones externas.
La Facultad de Derecho debe ser una plataforma para el pensamiento crítico, no un campo de batalla donde se disputen agendas partidistas. La educación es nuestro compromiso, y en estos tiempos polarizados, mantenernos firmes en nuestros principios de autonomía, libertad y pluralidad es la única forma de garantizar que continuemos siendo una universidad al servicio del conocimiento, y no de los intereses políticos.