La confrontación política en torno a la crisis de seguridad en Sinaloa escaló en la Cámara de Diputados luego de que el Partido Acción Nacional anunciara una serie de acciones legales y parlamentarias contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a partir de los señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, informó que el partido presentó una solicitud de juicio político contra Rocha Moya y que acudirá a la Corte Penal Internacional para denunciar crímenes de lesa humanidad derivados de lo que calificó como una presunta asociación entre integrantes de Morena y grupos criminales. “Morena es un partido asociado con el crimen organizado. Acción Nacional agotará todos los recursos que contemple la ley para impedir que exista impunidad”, afirmó.
Romero sostuvo que la situación en Sinaloa representa una traición a la ciudadanía. Señaló que quienes prometieron defender a la población terminaron aliados con quienes “envenenan, secuestran y les quitan la vida a tus hijos”. El dirigente adelantó además que el PAN solicitará formalmente la desaparición de poderes en la entidad ante lo que describió como una crisis institucional y de seguridad.
El coordinador de las y los diputados federales del PAN, Elías Lixa, explicó que la solicitud de juicio político constituye “el primer paso de una ruta constitucional y legal” frente a lo que consideró una posible captura criminal del poder público en Sinaloa. “No estamos frente a un asunto partidista, sino frente a una posible captura criminal del poder público que vulnera la democracia, la seguridad y la soberanía popular”, señaló. Lixa insistió en que “la soberanía de México se defiende aplicando la ley, no protegiendo a los narcopolíticos”.
En el Senado, el coordinador panista Ricardo Anaya Cortés acusó a Morena de intentar desviar la conversación pública para evitar discutir los señalamientos contra Rocha Moya. “Lo único que están buscando son distractores, que la gente hable de otras cosas y que no se hable de la tragedia que implica que hoy está confirmado que en México gobierna un narcopartido”, afirmó. Anaya aseguró que existen pruebas sobre la relación entre el gobernador con licencia y grupos criminales, por lo que reiteró la exigencia de detención inmediata y extradición para que enfrente la justicia en Estados Unidos.
Las acciones anunciadas por Acción Nacional abren un nuevo frente en el debate legislativo y judicial sobre la responsabilidad de autoridades estatales en presuntos vínculos con el crimen organizado. El proceso continuará en las instancias correspondientes, mientras el tema se mantiene en el centro de la agenda política nacional.