La Cámara de Diputados abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la respuesta institucional frente a la desaparición de personas, luego de que la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, y la diputada Anallely Muñoz Moreno presentaran una iniciativa que redefine las obligaciones de las autoridades desde el primer momento en que se reporta un caso. El planteamiento central es claro: terminar con la discrecionalidad y prohibir cualquier plazo de espera para iniciar una búsqueda.
La propuesta ingresó al pleno con el señalamiento de que la norma vigente ha sido insuficiente ante una crisis que continúa en ascenso. Ortega Pacheco sostuvo que “el problema no es solo la norma, sino su incumplimiento”, y denunció que las familias siguen enfrentando “indiferencia, retrasos y hasta negativas” por parte de las autoridades. La iniciativa, dijo, busca cerrar los vacíos que permiten prácticas que contradicen el espíritu de la ley.
El contexto estadístico acompañó la presentación. De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, los casos aumentaron 7.3% en 2023, 6.3% en 2024 y 12% en 2025, una tendencia que las legisladoras calificaron como evidencia de la urgencia de modificar los protocolos de actuación. Muñoz Moreno subrayó que “la desaparición de personas no son cifras: son vidas interrumpidas y familias atrapadas en la incertidumbre”, y advirtió que cada minuto perdido puede ser irreversible.
Uno de los puntos más señalados durante la exposición fue la persistencia de la falsa creencia de que deben transcurrir 24, 48 o hasta 72 horas para denunciar una desaparición. Muñoz Moreno afirmó que esa idea “es completamente errónea y ha sido reforzada por malas prácticas institucionales”, lo que reduce las posibilidades de localizar a las personas con vida y retrasa la activación de los mecanismos de búsqueda.
La iniciativa establece que ninguna autoridad podrá imponer plazos de espera y que la actuación deberá ser inmediata, obligatoria y sin condiciones. El proyecto también contempla la capacitación de servidores públicos, campañas de difusión para que la ciudadanía conozca su derecho a denunciar sin demora y sanciones para quienes incumplan estas obligaciones.
El debate legislativo continuará en comisiones, donde se revisarán los alcances operativos y presupuestales de la propuesta. El planteamiento, sin embargo, ya colocó en el centro del Congreso la discusión sobre la responsabilidad del Estado frente a una crisis que sigue creciendo y que exige respuestas sin margen para la inacción.