Morelia, Michoacán.— Integrantes del colectivo #SoyPapáNoCriminal presentaron un pliego de solicitudes ante el Congreso del Estado, el Poder Judicial y el Ayuntamiento de Morelia, en el marco de una movilización internacional realizada de manera simultánea en 24 países. El grupo demandó la creación de estadísticas oficiales sobre separaciones y denuncias no acreditadas, la sanción a denuncias falsas y la implementación de mecanismos que garanticen que la infancia sea el eje de cualquier proceso familiar.
El colectivo afirmó que actualmente “no existe a nivel nacional una información oficial” sobre estos casos y que las cifras disponibles han sido generadas por ellos mismos tras un mes de recopilación. En el documento entregado, solicitaron al INEGI iniciar un levantamiento formal de datos para contar con registros verificables.
Entre las demandas centrales se encuentra la creación de un mecanismo equivalente para hombres en materia de violencia vicaria. De acuerdo con el vocero, buscan “algo similar que pueda generarse para también evitar que los hombres sufran esa parte”, sin excluir que mujeres también enfrentan denuncias falsas y situaciones de violencia.
El colectivo planteó que los procesos de separación deben evitar llegar directamente a juicio y propusieron mesas de trabajo con psicólogos, asociaciones y asesoría jurídica para que las rupturas familiares se realicen de manera transparente, reduciendo el impacto en los hijos. Señalaron que no buscan juicios con perspectiva de género ni con sesgos, sino decisiones centradas en la infancia, al afirmar que “la prioridad sea la infancia… en todos los niveles de gobierno y en toda la sociedad”.
Una de las exigencias más reiteradas fue la sanción a denuncias falsas. Los integrantes señalaron que existen casos en los que “por más de dos o tres años… han sido separados tanto hombres como mujeres de sus hijos y no se les ha comprobado absolutamente nada”, lo que atribuyen a la prolongación de juicios permitida por la legislación actual. Propusieron establecer tiempos definidos para acreditar o descartar hechos de violencia.
El movimiento rechazó ser antifeminista y afirmó que su postura es “antiviolencia”, al sostener que “hay personas buenas y malas… sin importar el género”. Indicaron que no aceptan en el colectivo a personas inscritas en el padrón de deudores alimentarios ni a quienes tengan sentencias firmes por violencia, y que su objetivo es garantizar que los hijos mantengan convivencia con ambas familias cuando no existan riesgos acreditados.
El colectivo reportó que en Michoacán han registrado alrededor de 1,500 personas en un mes, cifra que esperan que aumente conforme avance el movimiento. Explicaron que la afectación no se limita a los padres, sino también a abuelos y familiares que pierden contacto con los menores cuando se restringe la convivencia.
Finalmente,