Por el Ensayista de San Nicolás
En los conflictos laborales, particularmente en aquellos que se desarrollan en el seno de las universidades públicas, no solo está en juego la legalidad de los actos, sino la legitimidad de las decisiones. Hoy, en el escenario que atraviesa la Universidad Michoacana frente al emplazamiento del SUEUM, asistimos a una paradoja inquietante: la juridificación excesiva del conflicto ha desplazado su esencia, y en ese tránsito, la brújula institucional parece haberse extraviado.
Dos emplazamientos, dos realidades, un mismo conflicto. En uno de ellos, un Juez de Distrito concede una suspensión provisional para que la huelga se mantenga a puertas abiertas, permitiendo el acceso de estudiantes y docentes, a partir de los amparos promovidos por la propia Universidad. En el otro, persiste la huelga a puertas cerradas, con la consecuente paralización total de actividades. Frente a este escenario fragmentado, la respuesta institucional no ha sido la búsqueda de una salida integral, sino el anuncio de replicar la misma estrategia jurídica: judicializar lo que, por naturaleza, debe resolverse en la mesa de negociación.
No se trata aquí de cuestionar la legalidad de los medios utilizados —el juicio de amparo es, sin duda, un instrumento legítimo de control constitucional—, sino de evidenciar el uso estratégico y reiterado de herramientas jurídicas como sustituto del diálogo. Cuando el derecho se convierte en un mecanismo de evasión y no en un instrumento de solución, deja de ser justicia para convertirse en táctica. Y es ahí donde las llamadas “chicanadas jurídicas” dejan de ser una expresión coloquial para describir, con precisión, una práctica institucional.
En esta misma lógica de chicanadas jurídicas se inscribe también el llamado que hace la Rectoría a los estudiantes para retomar clases, a sabiendas de que tal determinación no solo ignora la complejidad del conflicto, sino que puede convertirse en un detonante de tensión entre los propios integrantes de la comunidad universitaria. Convocar al regreso a las aulas cuando uno de los emplazamientos mantiene la huelga a puertas cerradas no es un acto de solución, sino de confrontación indirecta: coloca a estudiantes y docentes frente al personal administrativo en un escenario de fricción innecesaria, trasladando el conflicto institucional al plano interpersonal. Lejos de distender la crisis, esta estrategia la profundiza, fragmenta a la comunidad y erosiona los mínimos de convivencia que deben preservarse incluso en momentos de conflicto. Este actuar, insisto, merece ya una atención urgente, porque el fondo del problema parece radicar precisamente ahí: en una conducción institucional que, en lugar de privilegiar el diálogo y la negociación, opta por decisiones que agravan la crisis y comprometen la estabilidad de la Universidad.
La huelga, conforme a la lógica de la Ley Federal del Trabajo, no es un fin en sí mismo, sino un medio de presión legítimo para lograr el equilibrio entre los factores de la producción. Su núcleo no está en la clausura de espacios físicos, sino en la exigencia de cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo. De ahí que el verdadero camino para desactivar el conflicto no se encuentre en los tribunales federales, sino en la negociación colectiva, en la disposición real de las partes para dirimir sus diferencias y, sobre todo, en la voluntad institucional de reconocer y subsanar las posibles violaciones contractuales.
Sin embargo, lo que observamos es una narrativa paralela construida desde la desinformación: se pretende posicionar la apertura de puertas como sinónimo de solución, cuando en realidad se trata apenas de un paliativo que no toca el fondo del problema. Se envía el mensaje de que el conflicto está bajo control porque existen clases o actividades, pero se omite deliberadamente que la causa que dio origen a la huelga permanece intacta. Es una ilusión de normalidad que, lejos de resolver, prolonga la tensión.
Más preocupante aún es que esta estrategia se presenta bajo el ropaje de la buena fe. Se argumenta que se busca garantizar el derecho a la educación, que se actúa en defensa de la comunidad estudiantil, que se pretende evitar mayores afectaciones. Pero la buena fe no se presume, se demuestra. Y se demuestra, sobre todo, en la disposición al diálogo franco, en la apertura a la negociación real, en la voluntad de sentarse a la mesa con propuestas concretas y no con recursos judiciales bajo el brazo.
Porque, en última instancia, el derecho a la educación no se protege debilitando los mecanismos de negociación colectiva, sino fortaleciéndolos. No se garantiza fragmentando el conflicto en resoluciones judiciales aisladas, sino resolviéndolo de raíz. No se defiende simulando normalidad, sino construyendo acuerdos duraderos.
La Universidad, como institución de pensamiento crítico y formación humanista, no puede permitirse actuar con una lógica meramente litigiosa. Su responsabilidad es mayor: debe ser ejemplo de diálogo, de construcción de consensos, de solución pacífica de controversias. Persistir en la ruta de las chicanadas jurídicas no solo retrasa la solución del conflicto, sino que erosiona la confianza de la comunidad universitaria y debilita el tejido institucional.
Hoy más que nunca se requiere recuperar la brújula. Volver al origen del conflicto, reconocer sus causas, asumir responsabilidades y privilegiar la negociación colectiva como vía principal de solución. Todo lo demás —amparos, suspensiones, estrategias procesales— puede tener un lugar accesorio, pero nunca sustituir lo esencial.
Porque cuando el derecho se usa para evitar el diálogo, deja de ser puente y se convierte en muro. Y en esa lógica, todos pierden: la Universidad, los trabajadores y, sobre todo, la comunidad a la que ambos se deben.
El Ensayista de San Nicolás