En una sesión marcada por señalamientos directos y críticas al llamado Plan B en materia electoral, el diputado federal del PAN, Federico Döring, afirmó que no existe temor hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí preocupación por lo que calificó como un intento de permitirle hacer campaña desde el poder durante el proceso de revocación de mandato.
Döring sostuvo que la propuesta presidencial busca abrir la puerta a una intervención indebida en el debate público. Recordó que, en administraciones anteriores, la Sala Superior del Tribunal Electoral detectó más de cien conferencias de prensa con incidencia en procesos electorales, lo que describió como “incontinencia verbal”. Advirtió que permitir la participación activa del Ejecutivo en la revocación podría “contaminar el debate político” y convertir las conferencias matutinas en un espacio de promoción.
El legislador acusó que el objetivo de Morena no es trasladar simpatías a las urnas, sino “que el Gobierno ponga la agenda” y que el debate político se dé desde el poder, no entre partidos y candidatos. Señaló que esto reproduce prácticas denunciadas incluso por figuras cercanas al oficialismo, como los señalamientos sobre recursos públicos destinados a comunicación gubernamental.
Döring también criticó que, mientras persisten emergencias ambientales en Veracruz, Campeche y Tabasco, el Gobierno prioriza la discusión del Plan B. Afirmó que la reforma electoral rechazada en el pasado habría afectado la paridad de género y que Morena no impulsó medidas para impedir el ingreso de recursos ilícitos a campañas.
En la misma línea, Rafael Calderón, consejero del PAN, sostuvo que la propuesta distorsiona la revocación de mandato al convertirla en un instrumento de promoción política desde el poder. Aseguró que el proyecto “no busca fortalecer la democracia”, sino que representa un intento de “institucionalizar prácticas electorales indebidas”.
La discusión dejó ver un ambiente legislativo polarizado, donde la oposición advierte riesgos para la equidad en la contienda y el oficialismo defiende la reforma como un mecanismo de participación ciudadana. El debate continuará en comisiones y en el Pleno, donde se definirá el alcance final del Plan B en materia electoral.