Una petición dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Salud David Kershenobich y al secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente solicita que el gobierno de México rechace formalmente las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), impulsadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La iniciativa, publicada el 7 de julio, plantea preocupaciones sobre la posible cesión de soberanía nacional en materia de salud pública.
El documento, promovido por la ciudadana Elisa Bonilla, sostiene que las reformas al RSI otorgarían a la OMS facultades para declarar emergencias sanitarias internacionales sin requerir el consentimiento de los Estados miembros. Según el texto de la petición, estas disposiciones permitirían a la organización implementar medidas como cuarentenas, vigilancia sanitaria y restricciones a la movilidad, incluso si contravienen decisiones nacionales.
La petición advierte que, de no presentar una objeción formal antes del 19 de julio, México quedaría sujeto a las nuevas disposiciones de forma automática. Este plazo corresponde al periodo establecido por la OMS para que los Estados miembros expresen su rechazo a las enmiendas, conforme a los procedimientos del propio reglamento.
El Reglamento Sanitario Internacional es un instrumento legal vinculante adoptado por los Estados miembros de la OMS con el objetivo de prevenir y responder a amenazas sanitarias transfronterizas. Las reformas propuestas han generado debate en distintos países sobre el equilibrio entre cooperación internacional y autonomía nacional en la gestión de emergencias sanitarias.
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial sobre las enmiendas ni ha confirmado si enviará una carta de objeción antes de la fecha límite. La petición ciudadana busca presionar a las autoridades para que se pronuncien públicamente y actúen en consecuencia.
El tema se inscribe en un contexto global de revisión de los mecanismos de respuesta ante pandemias, tras las experiencias derivadas de la crisis sanitaria por COVID-19. La OMS ha defendido la necesidad de fortalecer su capacidad de coordinación internacional, mientras que sectores críticos cuestionan el alcance de sus competencias y su impacto en las decisiones soberanas de los Estados.