La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro empresas que operan en el sector petrolero venezolano e identificó cuatro buques como bienes bloqueados. La medida busca limitar las operaciones de la llamada “flota fantasma” que facilita la evasión de sanciones y genera ingresos para el régimen de Nicolás Maduro.
Las compañías señaladas son Corniola Limited y Krape Myrtle Co LTD, vinculadas al buque NORD STAR; Winky International Limited, asociada al buque ROSALIND, también conocido como LUNAR TIDE; y Aries Global Investment LTD, relacionada con los buques DELLA y VALIANT. Según la OFAC, estas entidades han transportado petróleo venezolano en contravención de las disposiciones de las órdenes ejecutivas 13850 y 13884.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la política estadounidense busca impedir que el gobierno de Maduro obtenga beneficios de la exportación de crudo y reiteró que la campaña de presión continuará. Las sanciones complementan acciones previas contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), designada en 2019, y contra funcionarios y asociados del régimen en diciembre pasado.
Con la designación, todos los bienes e intereses de las entidades y buques señalados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad con participación accionaria igual o superior al 50 % de las compañías sancionadas también queda sujeta a las restricciones. Las regulaciones prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con las entidades bloqueadas, salvo autorización expresa, y el incumplimiento puede derivar en sanciones civiles o penales.
La OFAC subrayó que las sanciones buscan inducir cambios de comportamiento y no tienen un carácter punitivo en sí mismas. Recordó que existe un procedimiento legal para solicitar la eliminación de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), en la que se incluyen las entidades afectadas. La decisión refuerza la campaña de presión de Washington sobre el sector petrolero venezolano y advierte a los actores internacionales que participar en operaciones con crudo de Venezuela implica riesgos significativos de sanciones.