La captura y extradición de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos generó una serie de posicionamientos encontrados en el Congreso, donde legisladores demócratas que anteriormente habían exigido presión internacional sobre el mandatario venezolano ahora cuestionan la operación ordenada por el presidente Donald J. Trump. La acción, presentada por la Casa Blanca como un avance en política exterior, derivó en un debate sobre el uso de la fuerza, la legalidad de la intervención y el papel del Congreso en decisiones militares.
El gobierno estadounidense informó que Maduro fue detenido y trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico. La operación provocó críticas de legisladores demócratas que, en años previos, habían señalado la necesidad de desconocer al gobierno venezolano y promover una transición política. Las declaraciones contrastantes fueron retomadas por la administración Trump para señalar inconsistencias en las posturas de sus opositores.
Entre los ejemplos citados se encuentra el senador Chuck Schumer, quien en 2020 cuestionó la falta de resultados de la política estadounidense hacia Venezuela y, tras la captura de Maduro, calificó la operación como imprudente. El senador Dick Durbin, que en 2019 expresó respaldo a los esfuerzos para apoyar al pueblo venezolano, manifestó en 2026 su desacuerdo con el uso de fuerzas militares sin autorización del Congreso. El senador Chris Van Hollen, quien en 2024 defendió la presión internacional para una transición política, afirmó ahora que sustituir a Maduro mediante una operación militar constituye un acto de guerra ilegal.
El senador Chris Murphy, que en 2019 señaló que la salida de Maduro sería favorable para Estados Unidos, sostuvo en 2026 que Venezuela no representa una amenaza para la seguridad estadounidense. El senador Tim Kaine, que en 2024 advirtió sobre la inestabilidad regional, calificó la operación como un retorno a prácticas históricas de intervención en el hemisferio. La senadora Amy Klobuchar, quien apoyó la deslegitimación del gobierno venezolano en 2019, expresó su oposición al despliegue militar sin autorización legislativa. La senadora Elizabeth Warren, que en 2019 pidió liderazgo internacional para atender la crisis venezolana, cuestionó ahora el alcance de la intervención y sus implicaciones globales.
En la Cámara de Representantes también se registraron cambios de postura. Jamie Raskin, que en 2024 llamó a defender el Estado de derecho en Venezuela, afirmó que la operación vulnera principios del orden internacional. Darren Soto, quien en 2024 respaldó medidas para presionar a Maduro, cuestionó en 2026 si la intervención responde a intereses energéticos y señaló afectaciones para ciudadanos venezolanos con estatus migratorio temporal.
La administración Trump sostiene que la operación se realizó para detener a personas acusadas de delitos federales y que la captura de Maduro responde a compromisos de seguridad nacional. El debate continúa en el Congreso, donde legisladores discuten la legalidad de la intervención, el papel del Ejecutivo en acciones militares y las implicaciones diplomáticas de la extradición del mandatario venezolano.