La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 6 de octubre de 2025 sanciones contra ocho personas y doce empresas presuntamente implicadas en el tráfico de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo. De acuerdo con el documento oficial, la red operaba desde Sinaloa y mantenía vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, considerada una de las principales estructuras del narcotráfico transnacional.
Las sanciones alcanzan a la empresa Sumilab, S.A. de C.V., con sede en Culiacán, señalada como eje de una estructura comercial que distribuía productos químicos a laboratorios ilegales. Junto con Sumilab fueron incluidas otras compañías como Agrolaren, Viand, Favelab, Fagalab, Qui Lab, Storelab y Macerlab, todas relacionadas por su presunta participación en el suministro o encubrimiento de operaciones químicas.
El documento identifica a varios miembros de la familia Favela López —Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela— como responsables de coordinar el envío de los precursores hacia operadores del cártel. También se menciona a Jairo Verdugo Araujo, Gilberto Gallardo García y César Elías López Araujo, este último vinculado con la empresa Macerlab y señalado como presunto testaferro en el movimiento de insumos. A la lista se suma Martha Emilia Conde Uraga, conocida como “Martita”, quien habría utilizado diversas razones sociales —entre ellas Viosma, Prolimph, Salud y Roco— para ocultar las operaciones ilícitas.
El Departamento del Tesoro explicó que la red empleaba un sistema de compañías fachada para la compra, almacenamiento y distribución de sustancias controladas. Estas empresas realizaban cambios frecuentes en sus registros legales, sustituían a los representantes y alteraban la información corporativa con el fin de evadir la detección de las autoridades. La OFAC documentó transacciones, transferencias y reestructuraciones de propiedad que sirvieron para mantener operativas las rutas de suministro pese a sanciones previas.
La acción forma parte de un esfuerzo conjunto con otras agencias estadounidenses, entre ellas el FBI, la DEA y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, que mantienen una línea de cooperación enfocada en la identificación de redes logísticas de producción de fentanilo. Según el comunicado, la coordinación interinstitucional ha permitido detectar la convergencia entre actividades comerciales legales y operaciones criminales vinculadas al narcotráfico internacional.
Con la nueva designación, se ordena el bloqueo de activos e intereses de las personas y entidades señaladas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, se prohíbe cualquier transacción financiera o comercial con ciudadanos o empresas de Estados Unidos, salvo autorización expresa de la OFAC. La medida también establece sanciones civiles o penales para quienes infrinjan estas disposiciones.
El subsecretario John K. Hurley, al presentar las sanciones, subrayó que la crisis por sobredosis de fentanilo representa una prioridad de seguridad nacional y recordó que miles de muertes cada año están relacionadas con esta sustancia. De acuerdo con el Tesoro, estas designaciones se suman a las realizadas en junio de 2025, cuando Los Chapitos fueron incluidos formalmente en la lista de Narcotraficantes Extranjeros y en el registro de Terroristas Globales Especialmente Designados, dentro del marco de cooperación entre el Departamento de Estado y el Tesoro.
El impacto de las sanciones podría extenderse más allá del ámbito financiero. En Sinaloa y otras regiones donde operaban las empresas señaladas, la paralización de sus actividades puede afectar a cadenas comerciales que, sin conocimiento pleno, participaban como proveedores o distribuidores. El documento de la OFAC también advierte que tras medidas similares en el pasado, varias compañías intentaron reconstituirse bajo nuevos nombres o a través de intermediarios, lo que podría repetirse en este caso.
Finalmente, la dependencia estadounidense recordó que su política de sanciones busca modificar conductas ilícitas y que existe un procedimiento para que las personas o entidades afectadas soliciten su retiro de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Mientras tanto, la cooperación internacional entre Estados Unidos y México continuará, con la expectativa de nuevas acciones administrativas y judiciales conforme avancen las investigaciones sobre el flujo de precursores químicos hacia los laboratorios del Cártel de Sinaloa.