La nueva Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, aprobadas recientemente, endurecen el control del Estado sobre el recurso hídrico y reconfiguran el acceso al agua de manera que impacta directamente a la agroindustria, mientras mantiene intactas concesiones en manos de personajes vinculados a la Cuarta Transformación.
La centralización del control en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con las reformas al Poder Judicial y a la Ley de Amparo, elimina uno de los principales mecanismos legales que productores y empresas utilizaban para defender concesiones. Eduardo Salazar, asesor agroindustrial, explicó en entrevista con EL CEO que antes era posible obtener suspensiones mediante amparos para garantizar el uso del agua mientras se resolvía el fondo del asunto, pero ese camino prácticamente desaparece.
La nueva legislación también deja fuera prácticas comunes en el campo, como la renta o transferencia de concesiones entre particulares, al concentrar todo el control en Conagua. “Ahora te enfrentas a jueces que no entienden estudios técnicos, y el que pierde todo es el productor”, advirtió Salazar.
El interés colectivo como argumento
La ley introduce el concepto de “interés legítimo de las colectividades”, que puede utilizarse para negar concesiones incluso si los solicitantes cumplen con requisitos técnicos. “El gobierno puede decir que tú no tienes interés legítimo y que se va a imponer el del colectivo”, señaló Salazar, ejemplificando que el agua destinada al riego puede ser reasignada a zonas urbanas.
El impacto alcanza el valor de la tierra: antes los títulos de concesión podían transferirse al vender o heredar un rancho, pero ahora regresan al Estado. “Un rancho de 1,000 hectáreas con agua puede valer 20 millones de dólares. Sin agua no vale nada”, subrayó el asesor.
Beneficios para figuras cercanas al poder
El Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra que personajes ligados a la 4T mantienen concesiones relevantes. La diputada morenista Olga Sánchez Cordero y su hermano concentran cerca de 1.3 millones de metros cúbicos concesionados por el Organismo de Cuenca Río Bravo, títulos otorgados entre 2018 y 2020. La exministra participa además en la empresa agrícola Granja Santa Olga junto con su hija, según investigaciones previas de EL CEO.
También figuran el empresario Alfonso Romo, con una concesión individual de 600,000 metros cúbicos, y los exgobernadores Francisco Ramírez Acuña y Miguel Márquez Márquez, vinculados a actividades agroindustriales en sus estados.
Conagua sin contrapesos internos
La eliminación del Órgano Interno de Control (OIC) de Conagua agrava el panorama. “Era la primera línea de defensa. Si una delegación decía que un acuífero estaba vedado, pero el REPDA mostraba nuevas asignaciones, el OIC intervenía y corregía. Ahora eso desaparece”, acusó Salazar.
Con menos herramientas legales y sin contrapesos internos, especialistas advierten que el acceso al agua se vuelve discrecional, restringe al productor, deprecia la tierra y mantiene privilegios para quienes concentran el recurso, muchos de ellos vinculados al poder político actual.