Una investigación de Latinus Investiga, realizada por el periodista Mauricio Rubí, reveló la existencia de una red de funcionarios electorales vinculados a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que participaron en la asignación de contratos millonarios a dos empresas representadas legalmente por quien hoy ocupa la Dirección de Administración del instituto: Jesús Octavio García González.
De acuerdo con la investigación, García González fungió como representante legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg cuando ambas empresas recibieron contratos que, en conjunto, superan los 113 millones de pesos otorgados por los institutos electorales de Chihuahua, Oaxaca y Sonora.
Entre los funcionarios involucrados se encuentran Claudia Arlett Espino e Iliana Araceli Hernández Gómez, quienes hoy ocupan cargos estratégicos dentro del INE y que, en su momento, firmaron contratos a favor de las empresas representadas por García González.
En 2021, Espino —entonces presidenta del Instituto Electoral de Chihuahua— otorgó un contrato por 33 millones 881 mil 653 pesos a Cajas Graf. En 2024, Hernández Gómez —como secretaria ejecutiva del órgano electoral de Oaxaca— firmó un contrato por 32 millones 426 mil 445 pesos a favor de Corporativo Zeg.
La investigación también documenta que en 2021, cuando Taddei presidía el Instituto Electoral de Sonora, entregó a Cajas Graf un contrato por 46 millones 879 mil 383 pesos, periodo en el que García González también era representante legal de la empresa. Hoy, los tres funcionarios —García González, Espino y Hernández Gómez— ocupan puestos clave dentro del INE, todos nombrados directamente por Taddei desde su llegada a la presidencia del organismo en 2023.
El reportaje destaca que la relación entre Taddei y García González se remonta a su trayectoria en Sonora, lo que, según la investigación, vuelve a colocar bajo escrutinio los procesos de designación interna y la asignación de responsabilidades administrativas dentro del instituto.
La revelación de esta red de vínculos y contratos plantea interrogantes sobre los mecanismos de control, transparencia y prevención de conflictos de interés en el órgano electoral nacional, en un momento en el que la integridad institucional es un tema central del debate público.