El portal El CEO, en una investigación realizada por los periodistas Dan Ibáñez y Sergio Rincón, reveló que Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y dueño del 50% de la franquicia Miss Universo, estaría presuntamente involucrado en una red criminal dedicada al robo de combustible, tráfico ilegal de armas e importación de hidrocarburos de contrabando.
De acuerdo con documentos obtenidos por El CEO, la red operaba con al menos 13 personas y alcanzaba una magnitud de 600 millones de litros de combustible al año, principalmente en la frontera sur del país. La investigación señala que Rocha, conocido como “Don Raúl” entre sus presuntos cómplices, utilizaba empresas de seguridad para el tráfico de armas y compañías gasolineras para comercializar el huachicol, generando ingresos que posteriormente eran reintegrados a la organización.
Ibáñez y Rincón documentan que las operaciones incluían el uso de pipas de agua adaptadas para transportar combustible robado, carrotanques ferroviarios para el huachicol fiscal y sociedades fantasma para facturación. Además, se encontraron evidencias de presuntos sobornos quincenales a instituciones, incluyendo la Fiscalía General de la República, aunque sin nombres ni cuentas bancarias identificadas.
La investigación también expone que Rocha Cantú realizaba reuniones con sus socios en su avión privado para evitar la intervención de comunicaciones, y que parte de las armas adquiridas terminaron en manos de grupos como la Unión Tepito y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Tres de sus compañías —Estación de Servicio Empty-Full, Servicio Delmcar y Soluciones Gasíferas del Sur— fueron utilizadas para la venta de combustible adulterado, incluso con contratos millonarios con Petróleos Mexicanos.
El CEO destaca que, mientras mantenía estas operaciones, Rocha continuaba al frente de Legacy Holding, conglomerado con más de 40 empresas en sectores como casinos, hospitales, inmobiliarias y entretenimiento. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron al portal que el empresario ya no se encuentra en el país y que recientemente habría recibido un criterio de oportunidad para colaborar como testigo en el caso.
La investigación de Ibáñez y Rincón concluye que la red vinculada a Rocha Cantú operaba con recursos millonarios, conexiones empresariales y presuntos acuerdos con autoridades, consolidando un esquema de huachicol y tráfico de armas que alcanzó dimensiones nacionales e internacionales.