Daniel Zavala Ramos, conocido como “Dany ZR” y originario de Guatemala, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en la red de tráfico de personas responsable del accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021 en Chiapas, donde un camión con remolque que transportaba al menos 160 migrantes indocumentados se estrelló, provocando la muerte de 56 personas —incluidos menores no acompañados— y dejando más de 100 heridos. De acuerdo con documentos judiciales, Zavala Ramos, de 42 años, admitió haber conspirado con otros traficantes para trasladar migrantes desde Guatemala, a través de México, hasta Estados Unidos mediante rutas clandestinas y vehículos de carga utilizados para el contrabando humano. Fue extraditado desde Guatemala en 2025 para enfrentar los cargos.
El expediente detalla que Zavala Ramos y sus cómplices reclutaban migrantes, cobraban cuotas y organizaban traslados en microbuses, camiones de ganado y tráileres. En algunos casos, proporcionaban a menores no acompañados textos preescritos para presentarlos ante autoridades migratorias estadounidenses en caso de detención. El 9 de diciembre de 2021, el grupo coordinó el traslado de más de 160 personas en un camión con remolque que posteriormente se volcó cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en una de las tragedias migratorias más graves registradas en la región.
Zavala Ramos se declaró culpable de conspiración para introducir e intentar introducir a un inmigrante indocumentado en Estados Unidos, poniendo en peligro su vida, causándole lesiones corporales graves y, como consecuencia, su muerte. Enfrenta una pena máxima de cadena perpetua y será sentenciado el 7 de julio. La decisión final quedará en manos de un juez federal, quien evaluará las directrices de sentencia y otros factores legales.
La investigación fue encabezada por el Grupo de Investigaciones contra la Proliferación de HSI en Washington D.C., con apoyo de unidades de HSI en Guatemala y México, así como agencias estadounidenses como la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ICE y fiscalías federales en Texas. Autoridades guatemaltecas y mexicanas también desempeñaron un papel clave en los arrestos y extradiciones.
El caso es procesado por la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales del Departamento de Justicia y forma parte del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), la principal iniciativa federal contra el tráfico y la trata de personas cometidos por cárteles y organizaciones criminales transnacionales. El JTFA ha impulsado más de 450 arrestos nacionales e internacionales, más de 395 condenas y la imposición de más de 345 penas de prisión significativas, además de la confiscación de bienes vinculados a estas redes.
La causa se integra en la Operación Recuperar Estados Unidos, una estrategia nacional que busca frenar la inmigración ilegal, desmantelar organizaciones criminales transnacionales y reforzar la seguridad pública mediante la coordinación de recursos federales y grupos de trabajo especializados.