La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas a familiares y allegados de la familia Maduro‑Flores, ampliando las acciones contra estructuras financieras vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro. La medida, emitida el 19 de diciembre de 2025, se centra en redes asociadas a Carlos Erik Malpica Flores y al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las sanciones buscan limitar la capacidad operativa de quienes, según Washington, sostienen actividades ilícitas relacionadas con el gobierno venezolano. Las declaraciones oficiales insistieron en que la administración estadounidense continuará presionando a las redes financieras vinculadas al régimen.
Las acciones anunciadas se suman a la designación previa, realizada el 11 de diciembre, contra Malpica Flores bajo la Orden Ejecutiva 13692, que permite sancionar a funcionarios o exfuncionarios del gobierno venezolano. De acuerdo con la OFAC, Malpica Flores ha mantenido vínculos con operaciones financieras relacionadas con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y ha utilizado conexiones familiares para actividades transnacionales.
La nueva medida incorpora a cinco familiares directos de Malpica Flores bajo la Orden Ejecutiva 13850, que permite sancionar a personas consideradas responsables o cómplices de transacciones vinculadas con prácticas engañosas o corrupción relacionadas con el gobierno venezolano. Entre los designados se encuentran su madre, Eloisa Flores de Malpica; su padre, Carlos Evelio Malpica Torrealba; su hermana, Iriamni Malpica Flores; su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez; y su hija adulta, Erica Patricia Malpica Hurtado.
La OFAC también amplió sanciones relacionadas con Ramón Carretero, designado el 11 de diciembre por presuntas operaciones financieras con el gobierno venezolano. En esta ocasión fueron incluidos sus familiares directos Roberto Carretero Napolitano y Vicente Luis Carretero Napolitano, señalados por su participación en transacciones vinculadas con programas administrados por el Estado venezolano.
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Asimismo, cualquier entidad con 50 por ciento o más de propiedad directa o indirecta de personas sancionadas queda automáticamente bloqueada. Las regulaciones prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con individuos o entidades designadas, salvo autorización expresa de la OFAC.
El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros. Las instituciones financieras también pueden enfrentar consecuencias si facilitan operaciones que involucren a personas bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la provisión o recepción de fondos, bienes o servicios relacionados con los designados.
El Departamento del Tesoro reiteró que el propósito de las sanciones es inducir cambios de comportamiento y no castigar de manera permanente. La OFAC recordó que existe un proceso formal para solicitar la eliminación de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, sujeto a revisión conforme a la ley.
Con estas acciones, Estados Unidos mantiene su estrategia de presión financiera sobre redes vinculadas al gobierno venezolano, enfocándose en estructuras familiares y empresariales que, según sus evaluaciones, participan en operaciones consideradas irregulares o contrarias a sus regulaciones.