La Cámara de Diputados se prepara para discutir un dictamen que incrementa las sanciones contra quienes recluten a niñas, niños y adolescentes para actividades del narcotráfico, una práctica que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, calificó como un fenómeno que debe frenarse por el impacto que tiene en las familias y en la seguridad del país. El documento, integrado por iniciativas de distintos grupos parlamentarios, recibirá primera lectura en la sesión de hoy y será sometido a votación en el pleno mañana.
La propuesta reforma el artículo 201 del Código Penal Federal y eleva las penas actuales —de 7 a 12 años de prisión— hasta un máximo de 20 años, con el objetivo de reforzar la protección de menores frente a estructuras criminales. López Rabadán señaló que el mensaje legislativo debe ser claro: quien participe en la sustracción o manipulación de la infancia deberá enfrentar consecuencias penales proporcionales al daño causado.
En paralelo, la diputada presidenta abordó el tema de la reforma electoral, aún pendiente de presentación formal. Subrayó que cualquier modificación debe construirse con la participación de todas las fuerzas políticas y centrarse en dos prioridades: impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y evitar el uso condicionado de programas sociales. Advirtió que la infiltración de grupos criminales en campañas y territorios altera la competencia democrática y genera riesgos para la ciudadanía.
López Rabadán insistió en que los programas sociales deben mantenerse al margen de presiones partidistas, recordando que estos recursos provienen de contribuciones de generaciones presentes y futuras. Consideró que garantizar su acceso sin condicionamientos es un elemento esencial para la confianza pública.
La legisladora también anunció que mañana se realizará una sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer, espacio que, dijo, permitirá reconocer avances y señalar pendientes en materia de igualdad, seguridad y acceso a servicios. Mencionó que persisten brechas que afectan a mujeres en distintos contextos, desde buscadoras que siguen rastreando a sus familiares hasta quienes enfrentan retrasos en atención médica.
El debate legislativo de las próximas horas se perfila como un punto de inflexión en dos frentes: la respuesta institucional al reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y la discusión sobre las reglas electorales en un contexto de creciente preocupación por la seguridad.