El Senado abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la reforma judicial con el planteamiento del presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, quien expuso la necesidad de ajustar tiempos, reglas y perfiles antes de realizar una nueva elección de juzgadores. Durante el foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”, el legislador señaló que un calendario más amplio permitiría consolidar criterios y garantizar condiciones operativas, por lo que consideró razonable posponer la elección hasta 2028.
Corral explicó que el artículo 105 constitucional establece un plazo mínimo de 90 días antes del inicio de un proceso electoral para aprobar reformas en la materia, lo que fija como límite el mes de mayo para modificar el transitorio correspondiente. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de analizar un ajuste en la fecha, lo que obligaría al constituyente permanente a actuar entre el 18 y el 22 de mayo.
El senador delineó tres líneas de acción para corregir las fallas detectadas en el primer proceso. La primera consiste en establecer una certificación técnica uniforme para aspirantes, con evaluaciones de razonamiento jurídico, conocimiento procesal, interpretación constitucional, criterios de derechos humanos y ética judicial, a fin de generar un estándar común sobre quienes llegan a la boleta. La segunda apunta a fortalecer el perfil de los participantes mediante reglas más estrictas frente a trayectorias políticas recientes, equilibrando experiencia jurisdiccional y autonomía. La tercera busca prevenir la captura partidista, el clientelismo judicial y el uso de mecanismos informales que distorsionen la competencia.
Corral afirmó que la selección de aspirantes debe concentrarse en parámetros claros, pues en el primer ejercicio los mecanismos de evaluación operaron con criterios distintos y sin parámetros definidos para valorar capacidades técnicas o perfiles éticos, lo que derivó en resultados dispares. Añadió que en el ámbito local se observaron intervenciones de estructuras de poder que influyeron en candidaturas, un punto crítico dado que ahí se resuelve la mayoría de los asuntos de la población. También señaló que la ciudadanía enfrentó dificultades para elegir entre perfiles poco conocidos y con información limitada.
En la primera mesa del foro, la consejera del INE, Rita Bell López Vences, advirtió que la concurrencia de elecciones no reduce costos, sino que los duplica. Estimó que los comicios de 2027, donde coincidirían elecciones judiciales con legislativas, de gubernaturas y presidencias municipales, podrían alcanzar un costo de 15 mil millones de pesos debido a la contratación de personal, capacitación y manejo de documentación electoral, incluida la impresión y resguardo de boletas.
La senadora Susana Harp Iturribarría respaldó la propuesta de posponer la elección judicial hasta 2028, al considerar que separar procesos protege la independencia judicial y evita la politización de candidaturas. Señaló que el primer ejercicio dejó “espacios de oportunidad” que deben corregirse, como la necesidad de certificaciones y mayor tiempo para que la ciudadanía conozca a los aspirantes.
Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno recordó que la elección implicó la remoción de más de mil 600 juzgadores federales y cinco mil locales, lo que, aun de forma escalonada, modifica el andamiaje jurídico vigente. Su bancada acompañará la propuesta de Corral, al considerar que ya existen elementos suficientes para realizar un balance del proceso. Citó estudios de la UNAM que identificaron improvisación, falta de capacidad y experiencia en parte de quienes resultaron electos.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, insistió en que aplazar la elección permitiría dotarla de logística y recursos adecuados para reconstruir la certeza jurídica y aprovechar las oportunidades económicas del país. Advirtió que el contexto internacional no favorece tomar riesgos institucionales y que la mejor respuesta es fortalecer las estructuras internas.
El foro dejó claro que el Senado evalúa ajustes profundos al modelo de elección judicial, no para revertir la reforma, sino para corregir fallas, ordenar procesos y garantizar que quienes aspiren a juzgar cuenten con preparación verificable y condiciones institucionales claras.