En el Senado de la República se encendieron alertas sobre el impacto económico, sanitario y ambiental de la mala gestión de residuos peligrosos, durante la inauguración del foro “Residuos peligrosos, retos regulatorios, inspección ambiental y buenas prácticas”, encabezado por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. La legisladora expuso que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sin medidas urgentes el costo global por la gestión inadecuada de residuos podría alcanzar 640 mil millones de dólares en 2050, con efectos devastadores para la economía, la salud pública y los ecosistemas.
Ortiz Domínguez añadió que la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 15 por ciento de los residuos generados son peligrosos y que su quema libera monóxido de carbono y metales pesados vinculados con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, afectaciones en el desarrollo infantil y cáncer. En el caso de México, recordó que el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2020 de la SEMARNAT reportó dos mil 203 sitios de disposición final, de los cuales ocho de cada diez operan como tiraderos a cielo abierto.
Aunque reconoció el trabajo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que en su informe de actividades 2025 reportó mil 959 inspecciones a empresas generadoras y prestadoras de servicios en materia de residuos peligrosos, admitió que muchos casos permanecen fuera del alcance de la autoridad debido a limitaciones humanas, técnicas, presupuestales y operativas.
La senadora Juanita Guerra Mena, integrante de la Comisión de Salud, señaló que el objetivo del foro es abrir un diálogo técnico e institucional que permita analizar los retos actuales en regulación, inspección y vigilancia, así como fortalecer las buenas prácticas en toda la cadena de manejo de residuos. En la misma línea, el senador Gilberto Hernández Villafuerte subrayó la urgencia de avanzar en regulaciones efectivas y garantizar su cumplimiento, al recordar que el 92 por ciento de los municipios del país operan tiraderos a cielo abierto.
Desde la PROFEPA, Gabriela Ortiz Merino, subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial, reiteró que los residuos peligrosos seguirán siendo una prioridad para la dependencia, pero consideró indispensable el apoyo legislativo para contar con normas más robustas. Propuso la creación de una Comisión Nacional de Gestión Integral de Residuos y un sistema de trazabilidad digital en tiempo real para el seguimiento de estos materiales.
En representación del sector industrial, Mónica Pérez Morales, vicepresidenta nacional de desarrollo sustentable y responsabilidad social de CANACINTRA, afirmó que la protección ambiental y la competitividad pueden avanzar juntas. Manifestó la disposición del sector para colaborar en la actualización regulatoria y en la difusión de mejores prácticas, al señalar que una gestión adecuada de residuos peligrosos debe convertirse en un motor de mejora continua y sustentabilidad para el país.
El foro dejó claro que el desafío regulatorio y operativo en materia de residuos peligrosos exige coordinación institucional, fortalecimiento normativo y participación activa de todos los sectores para evitar que los costos ambientales y sanitarios sigan creciendo sin control.