El Pleno del Senado de la República aprobó, en votación económica, invitar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, a una reunión el 28 de abril a las 11 horas con integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, con el fin de que proporcionen información detallada sobre los hechos en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses en territorio chihuahuense.
La decisión incluye la solicitud de que, antes del encuentro, ambos funcionarios remitan un informe documental y pormenorizado que contenga la cronología completa de los acontecimientos, las autoridades que intervinieron, las comunicaciones sostenidas con instancias federales y cualquier actuación realizada en torno al caso. La sesión inició con un minuto de silencio en memoria de los agentes estadounidenses Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, así como de los agentes estatales Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes, fallecidos el 20 de abril.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que existe presunción de responsabilidad política y jurídica en el gobierno estatal, en caso de que hubiera presencia, coordinación o comunicación con agentes extranjeros sin aviso o autorización federal. Aclaró que la invitación no constituye sanción ni prejuzga culpabilidad, pero sí activa un mecanismo de control político y de rendición de cuentas frente a hechos con posible relevancia constitucional y de seguridad nacional. Subrayó que el caso no puede tratarse como un asunto local, pues involucra crimen organizado, servidores públicos mexicanos, agentes extranjeros y posibles afectaciones a la soberanía.
El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, promovente del punto de acuerdo, sostuvo que la gobernadora debe aclarar versiones contradictorias sobre la muerte de los funcionarios estadounidenses y evitar que se repitan precedentes cuestionados como el operativo Rápido y Furioso.
Desde el PAN, Ricardo Anaya Cortés advirtió que el Senado no tiene facultades para citar a gobernadores y que esta decisión podría sentar un precedente para convocar a mandatarios estatales sin sustento constitucional. En la misma línea, la priista Claudia Edith Anaya Mota señaló que la Cámara alta carece de instrumentos para dar seguimiento a una reunión de este tipo y expresó preocupación por la afirmación de que la presidenta de la República desconocía lo ocurrido, al reiterar su rechazo a cualquier intervención extranjera y su defensa del orden constitucional.
Por el PVEM, Luis Alfonso Silva Romo enfatizó que ninguna intervención extranjera puede permitirse sin autorización de las autoridades mexicanas y advirtió que, de confirmarse irregularidades, podrían configurarse delitos graves relacionados con la soberanía nacional. En contraste, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, argumentó que la Comisión dictaminadora carece de competencia para emitir este punto de acuerdo y que una invitación de esta naturaleza constituye, en los hechos, una comparecencia que invade facultades estatales.
Las propuestas de modificación presentadas por legisladores de Morena y del PAN fueron rechazadas, por lo que el dictamen quedó aprobado en sus términos. Con ello, el Senado abre un proceso de escrutinio político y documental sobre un caso que ha generado tensiones institucionales y cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades estatales, federales y extranjeras.