El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visa a 75 personas identificadas como familiares o socios personales y comerciales cercanos de individuos vinculados al Cártel de Sinaloa, en una medida que amplía el alcance de las acciones dirigidas contra redes asociadas al tráfico de drogas.
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se sustenta en la aplicación de la Orden Ejecutiva 14059, instrumento que permite sancionar a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito global de estupefacientes. La medida no sólo apunta a operadores directos, sino que incorpora a su entorno inmediato como parte de la estrategia de contención.
El gobierno encabezado por Donald Trump afirmó que se está utilizando “todo el poder” del aparato estatal para erradicar a los cárteles que operan en el hemisferio, a los que calificó como estructuras de carácter narcoterrorista. En ese marco, el Cártel de Sinaloa fue referido como una organización terrorista extranjera, responsable del tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas.
El posicionamiento oficial sostiene que el fentanilo ha sido considerado como un “arma de destrucción masiva”, en función de su impacto en la salud pública de Estados Unidos. Bajo ese argumento, las restricciones de visado buscan impedir el ingreso de personas vinculadas a estas redes, al tiempo que se plantea un efecto disuasivo sobre la continuidad de sus operaciones.
La medida introduce un enfoque que extiende la responsabilidad más allá de los actores directamente implicados en el tráfico de drogas, al incorporar a círculos familiares y comerciales en el esquema de sanciones. Con ello, el gobierno estadounidense refuerza una política que combina instrumentos migratorios con acciones de seguridad nacional para limitar la operación y movilidad de estructuras asociadas al narcotráfico.