En la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del PAN fijó una postura de rechazo frente a la decisión de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa. La bancada advirtió que este criterio abre la puerta a abusos, vulnera derechos fundamentales y exige una respuesta legislativa inmediata.
El diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández sostuvo que la medida “viola la presunción de inocencia, destroza el debido proceso y convierte una simple sospecha en un castigo inmediato”, con efectos que pueden dejar en la ruina a familias, empresarios y ciudadanos sin que exista una resolución judicial. Señaló que el congelamiento sin control judicial abre espacio al uso político y selectivo de la herramienta financiera.
Ante la decisión de la Corte, Téllez anunció que, junto con el diputado Federico Döring, presentará una iniciativa para establecer límites claros a la actuación de la UIF. La propuesta incluirá una definición precisa de lo que debe entenderse por “indicios suficientes”, la obligación de la autoridad de acreditarlos, un plazo máximo de 72 horas para que un juez ratifique o levante el bloqueo, notificación inmediata al afectado y reparación del daño económico en caso de que resulte inocente.
Döring planteó además la necesidad de transparencia total mediante reportes públicos mensuales sobre los bloqueos realizados por la UIF. Advirtió que no debe permitirse que, bajo el argumento de combatir al crimen organizado, se instale un control financiero autoritario y discrecional. Subrayó que la lucha contra el lavado de dinero debe realizarse con responsabilidad y apego a derecho, sin generar incertidumbre jurídica para la ciudadanía.
El legislador alertó que, con el criterio vigente, basta una sospecha o denuncia para que el gobierno pueda congelar cuentas sin intervención judicial. “Es violar los procesos legales existentes”, afirmó, al tiempo que reiteró que la oposición impulsará reformas para establecer candados reales y evitar abusos.
Para la bancada panista, el criterio de la Corte representa un retroceso en materia de derechos y garantías, y exige una respuesta legislativa que restablezca el equilibrio entre la facultad del Estado para combatir delitos financieros y la protección del patrimonio y la seguridad jurídica de las personas.