Una investigación de Latinus, realizada por el periodista Mauricio Rubí, documentó que Luis Humberto Montaño —amigo y excolaborador del senador Adán Augusto López— se consolidó como proveedor relevante del gobierno de Michoacán mediante contratos de arrendamiento y venta de patrullas entre 2022 y 2024. De acuerdo con los hallazgos del reportaje, Montaño obtuvo ganancias superiores a 140 millones de pesos en un estado marcado por la presencia del crimen organizado.
La investigación de Latinus detalla que Montaño ha ocupado cargos directivos en Lumo Financiera del Centro, empresa que ha recibido miles de millones de pesos en contratos de arrendamiento vehicular por parte de gobiernos vinculados a la llamada Cuarta Transformación. En Michoacán, los contratos incluyen renta de vehículos para servidores públicos y la venta de unidades balizadas y equipadas como patrullas.
El reportaje señala que Montaño, empresario y político con pasado priista, apoyó en 2024 a candidatos de Morena y actualmente promueve su imagen en redes sociales con respaldo del Partido Verde, dirigiéndose a habitantes de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde habrá elecciones municipales en 2027.
La investigación de Latinus también documenta que Lumo Financiera del Centro y Lease & Fleet Solutions —empresas en las que Montaño ha sido socio y apoderado— recibieron alrededor de 8 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México entre 2019 y 2023.
El trabajo periodístico de Mauricio Rubí subraya que estos contratos se otorgaron mientras Montaño mantenía vínculos políticos con Adán Augusto López, quien recientemente dejó la coordinación de la bancada de Morena en el Senado. El reportaje forma parte de una serie de investigaciones de Latinus sobre proveedores vinculados a figuras políticas y su relación con contratos públicos.
La información presentada por Latinus continúa generando cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación y la concentración de proveedores en sectores estratégicos como la seguridad pública en entidades con altos índices de violencia.