En un mensaje público dirigido a autoridades estatales y federales, el defensor ambiental Guillermo Saucedo Gamiño afirmó que comunidades del sur de Morelia enfrentan un escenario sin presencia institucional frente a incendios, daños ambientales y riesgos de seguridad, lo que —según expuso— ha llevado a la población a considerar la organización armada como mecanismo de protección.
Saucedo sostuvo que la falta de intervención oficial ha dejado a las comunidades sin acompañamiento operativo. En su declaración central reiteró: “Estamos solos, estamos abandonados”, al señalar que la ausencia de respuesta gubernamental ha generado un vacío que incrementa la vulnerabilidad de brigadistas y habitantes.
El dirigente vinculó esta situación con los incendios recientes en zonas como Piedras de Lumbre y El Ranchito, donde —según dijo— no hubo presencia suficiente de autoridades ni condiciones de seguridad para quienes combatieron el fuego. Afirmó que áreas forestales con más de cinco décadas sin incendios quedaron devastadas y que las brigadas actuaron sin equipo adecuado.
En ese contexto, Saucedo lanzó una advertencia directa sobre la posible reacción comunitaria ante la falta de resultados institucionales: “Si el gobierno no actúa, nos vamos a armar.” Más adelante amplió la postura al señalar: “Si el gobierno no se pone a trabajar, vamos a tener que tomarnos nosotros las riendas de nuestras comunidades y si es armándonos, nos vamos a armar para cuidarnos.” La declaración marcó un punto de ruptura al plantear la autodefensa como respuesta ante la inacción gubernamental.
El defensor ambiental también rechazó señalamientos que vinculan a los comités de defensa ambiental con cobro de cuotas o actividades ilícitas. Exigió que quienes sostengan esas acusaciones presenten pruebas ante cualquier instancia y afirmó: “Que venga cualquier persona que tenga ollas en el municipio y me lo justifique aquí o en cualquier tribunal.” Sostuvo que su labor se limita al cuidado de manantiales y bosques.
El posicionamiento dejó abierta la tensión entre comunidades y autoridades, al colocar en el centro del debate la ausencia de intervención institucional y la posibilidad de que la población recurra a mecanismos propios de protección ante los riesgos ambientales y de seguridad que enfrentan.