En el pulso legislativo marcado por el encarecimiento de los combustibles y sus efectos en la economía cotidiana, el diputado del PAN, Daniel Chimal García, llevó a tribuna una advertencia directa: “No podemos estar ante amagos, rumores o amagos, el Gobierno tiene que establecer estrategia a favor del campo y reducir impactos de la canasta básica”. Su intervención se inscribió en una discusión más amplia sobre política fiscal, precios energéticos y el costo de los alimentos, con la tortilla como indicador inmediato del impacto en los hogares.
El legislador retomó la propuesta de su bancada para revertir lo que denominó el “gasolinazo” mediante la reducción del 50 por ciento en las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicadas a los combustibles automotrices. Sostuvo que el nivel de precios de la gasolina ha escalado al punto de incidir de forma directa en cadenas productivas clave, particularmente en la industria de la masa y la harina.
En ese contexto, refirió el amago de productores y actores del sector para incrementar hasta en cuatro pesos el precio del kilogramo de tortilla. La señal, dijo, no es aislada: “Los productores acusan al Gobierno de Morena de tener la gasolina cara, lo que aumenta costos en varias ramas del sector productivo como son los alimentos”. A partir de esa premisa, planteó reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para permitir la deducibilidad de gastos en gasolina, con énfasis en contribuyentes de ingresos bajos y medios.
Chimal García expuso que el precio de los combustibles en México se ubica hasta 30 por ciento por encima de referencias comparables y que dos de cada tres pesos que paga el consumidor corresponden a carga impositiva, particularmente al IEPS, cuyo crecimiento promedio anual entre 2019 y 2025 estimó en 5 por ciento. Con esos datos, sostuvo que la presión fiscal sobre los energéticos se traslada de manera directa a los precios finales de bienes básicos.
En paralelo, llamó a una respuesta institucional para contener incertidumbre en el mercado de alimentos. “Han corrido versiones sobre aumento del precio de la tortilla y es momento no solo de desmentir esta información, sino es necesario activar operativos desde la PROFECO”, afirmó, al subrayar la necesidad de vigilancia y verificación en puntos de venta.
El discurso se cerró con un enfoque en el impacto social. “Al final del día, quien recibe los impactos negativos a la economía popular son las familias”, señaló, al describir un escenario de ingresos inestables y empleo precario. Añadió que la canasta básica “ya es insostenible para muchas personas” y urgió a establecer acuerdos entre el Gobierno y la industria de la masa y la harina para dar certidumbre a consumidores.
Desde la bancada panista, el exhorto incluyó un llamado a empresarios del sector —tortillerías y establecimientos— para evitar incrementos de precios que, dijo, agraven la presión sobre los hogares. En la argumentación final, el legislador vinculó el encarecimiento de costos con decisiones de política energética y recordó la promesa de reducir el precio de la gasolina, al tiempo que señaló la existencia de prácticas de contrabando de combustibles, a las que se refirió como “huachicol fiscal”.
La intervención dejó delineada una ruta de presión política: ajustar el componente impositivo de los combustibles, abrir deducciones en el ISR para amortiguar costos y reforzar la supervisión de precios, con el objetivo de contener un eventual traslado a la tortilla y, con ello, a la canasta básica.