El gobierno de Estados Unidos anunció la salida inmediata del país de 66 organizaciones internacionales, en cumplimiento de un mandato del presidente Donald Trump establecido en la Orden Ejecutiva 14199. La decisión se fundamenta en la conclusión de que estas entidades mantienen estructuras operativas que no responden a los objetivos estadounidenses o desarrollan agendas que, según la administración, no coinciden con las prioridades nacionales.
El memorando presidencial instruye a todas las agencias federales a suspender su participación y financiamiento en 35 organismos no pertenecientes a Naciones Unidas y 31 entidades vinculadas a la ONU. La medida deriva de una revisión iniciada a principios de año sobre todos los organismos intergubernamentales, tratados y convenciones en los que Estados Unidos participa o aporta recursos.
De acuerdo con la Casa Blanca, la administración considera que varias de estas instituciones presentan funciones superpuestas, procesos que no generan resultados alineados con los intereses estadounidenses o líneas de acción que, a juicio del gobierno, se orientan hacia agendas globales ajenas a las prioridades nacionales. El documento señala que la retirada busca redirigir recursos hacia áreas internas consideradas estratégicas.
El gobierno argumenta que diversas organizaciones internacionales han adoptado enfoques relacionados con políticas climáticas, modelos de gobernanza y programas temáticos que la administración identifica como incompatibles con su visión de soberanía y política económica. Según el comunicado, los contribuyentes estadounidenses han destinado recursos significativos a estas entidades sin obtener beneficios proporcionales.
La Casa Blanca enmarca esta decisión dentro de una estrategia más amplia para redefinir la participación estadounidense en el sistema multilateral. Desde el inicio de la actual administración, Estados Unidos ha iniciado procesos de retiro de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También notificó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que el Acuerdo Fiscal Global no tendrá efecto en territorio estadounidense y ordenó una revisión sobre posibles impactos extraterritoriales de normativas fiscales de otros países.
El gobierno sostiene que la política exterior continuará orientándose hacia la cooperación internacional únicamente cuando esta sea considerada beneficiosa para los intereses nacionales. La administración afirma que la reasignación de recursos permitirá fortalecer áreas internas como infraestructura, preparación militar, seguridad fronteriza y protección de empresas estadounidenses frente a prácticas que identifica como interferencia externa.